PP de Murcia propone bonificaciones fiscales que abaratarán el precio del agua comprada por los regantes

Actualizado 10/05/2006 18:54:10 CET

La norma libera a los regantes del pago del impuesto de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados

CARTAGENA (MURCIA), 10 May. (EUROPA PRESS) -

Los regantes que compren derechos de consumo de agua de comunidades de riego distintas a la suya no tendrán que pagar los impuestos de transmisiones patrimoniales y de actos jurídicos documentados que cobra el Gobierno regional, una vez se apruebe próximamente en la Asamblea de Murcia una ley propuesta por el PP y a la que el PSOE e IU anunciaron que no se opondrán y que bonifica al cien por cien a estos contribuyentes.

La primera consecuencia práctica de esta norma será que los regantes del Altiplano se ahorren 240.000 euros en la compra de agua a la comunidad de riego de Estremera (Madrid), equivalente al 4 por ciento de tipo impositivo sobre el coste de 5,7 millones de euros que supone esta operación.

Así, el diputado regional del PP, Javier Iniesta, propuso esta ley como una muestra del apoyo a los regantes. "Por eso abarataremos en un 4 por ciento el precio del agua que tienen que comprar ante la falta de un riego de socorro que se prometió y que no llega", apuntó.

La ausencia de este riego ha producido una situación que Iniesta asemejó al caso de "un enfermo que llegara en situación grave a Urgencias y le dicen que venga otro día porque hoy no le viene bien al gerente".

Ese 'gerente', aclaró, sería el secretario general del PSOE regional, Pedro Saura, al que Iniesta acusó de querer hacer coincidir su nominación como candidato al Gobierno regional, el día 19, con la concesión de ese riego de socorro.

"Esto es una ocurrencia perversa, algo intolerable jugar de esta forma con el pan de 70.000 familias", apuntó Iniesta, quien señaló que lo mejor que debería hacer Saura es "hacer leña de los árboles frutales que se han tenido que arrancar en determinadas zonas de la Región.

LEY ESCASA Y CONFUSA.

Desde la oposición la ley fue tildada de "confusa y escasa", además de ser señalada como una forma de servir a los intereses electoralistas del Gobierno regional respecto al tema del agua.

Así, el diputado socialista Pedro Abellán, la consideró "irrisoria" por el "insignificante efecto que tendrá a su juicio y parte de la propaganda del PP". Además, "generará problemas en su aplicación al confundir sobre los tributos que bonifica", indicó.

A su juicio, el verdadero camino, a diferencia de la "sumisión" del Gobierno regional en tiempos del Ejecutivo central del PP pasa por los "alrededor de mil millones de euros que el Gobierno central tiene invertidos o en adjudicación de infraestructuras para obtener agua, como las desaladoras de Águilas y Torrevieja, que supondrán 640 millones".

Por su parte, Cayetano Jaime Moltó, de IU matizó su apoyo inicial a la ley con la acusación al Gobierno regional de haber "abierto una cátedra incestuosa sobre el uso y el abuso del uso del agua con fines partidistas", que es lo que a su juicio pone trabas a un riego de socorro que la coalición de izquierdas sigue reivindicando.

En opinión de Moltó, la prioridad inicial sigue siendo el consumo de boca, pero no debe pervertirse con "ofertas como la que el presidente del Gobierno regional ha hecho a los inversores del ladrillo en su reciente viaje a Londres".

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