MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Partido Popular ha propuesto que los propietarios en el litoral puedan construir obras de defensa para paliar las posibles invasiones del mar, según recogen las enmiendas al texto de la reforma de la Ley de Costas remitido por el Congreso al Senado.
Así, en las enmiendas del PP, se propone que los propietarios de los terrenos amenazados por la invasión del mar o de las arenas de las playas, por causas naturales o artificiales, incluidos los efecto del cambio climático, "podrán construir obras de defensa, previa autorización o concesión", siempre que no perjudiquen a la playa ni a la zona marítimo terrestre, ni menoscaben las limitaciones y servidumbres legales correspondientes.
Ponentes de varios grupos parlamentarios en la cámara alta han señalado a Europa Press que la Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, se debatirá en la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático la próxima semana y, probablemente, se votará en el Pleno del Senado del 23 de abril.
Además, una de las enmiendas del PP los terrenos invadidos pasarán a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según resulte del correspondiente deslinde y que en los terrenos declarados "en regresión" no podrá otorgarse "ningún nuevo título de ocupación en el dominio público marítimo-terrestre", por lo que se abre la puerta a concesión de nuevos títulos en otros terrenos no afectados por la regresión.
Otra de las enmienda del PP, --con mayoría en el Senado, por lo que previsiblemente serán aprobadas-- pretende que los propietarios que estén tengan procedimientos de resolución pendientes antes de que la nueva ley entre en vigor, puedan conservar sus concesiones si la edificación cuenta con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, o bien que estuvieran comprendidos en "áreas consolidadas por la edificación" en al menos un tercio de su superficie.
Al mismo tiempo, haría posible que las administraciones urbanísticas que ya tengan delimitado o clasificado "como suelo urbano" núcleos o áreas en dichas zonas podrán solicitar la compatibilidad de tales núcleos o áreas con la integridad y defensa del dominio público marítimo-terrestre. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá 18 meses para contestar a esta solicitud y, si en ese plazo no lo hace, se entenderá que es favorable.
Esto significa que sí se podría construir en esas zonas y es lo que ha motivado algunas de las críticas por parte de otros grupos parlamentarios, como PSOE o el grupo Mixto, que entienden que de esta manera se abre la puerta a "enladrillar prácticamente todo el litoral".
Por otro lado, el PP quiere incorporar una disposición adicional séptima por la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente tendrá dos años para elaborar la estrategia de adaptación de la costa española a los efectos del cambio climático en la que se indicarán los distintos grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y que propondrá medidas.
La reforma contemplaría también, si se aprueba otra de las enmiendas del PP en el Senado, la posibilidad de permitir usos comerciales y de restauración en puertos, siempre que no se perjudique el dominio público marítimo terrestre, ni la actividad portuaria.
Para el senador del grupo socialista y ponente en la reforma de esta Ley, Miguel Fidalgo, la crítica principal es que con este proyecto se da "un golpe al principio constitucional de que la costa es un bien público que debe quedar protegido".
CONTRARREFORMA QUE PRIMA LA ILEGALIDAD
A su juicio con esta "nueva contrarreforma" el PP pone la costa al servicio de los intereses particulares, de empresas para promover la edificación en todo el litoral, al reducir el dominio público de una franja de 100 metros desde la línea de costa a 20 metros.
"Quiere enladrillar la costa y regalar el litoral, con la extensión de las concesiones, al tiempo que agrupa y reduce el dominio público de 100 a 20 metros. Se está primando la ilegalidad", ha criticado.
Para el PSOE, lo que se debería cambiar respecto de la Ley de 1988 (en vigor) es la forma de ejecutar los núcleos de población que entonces quedaron fuera del dominio público porque no recogen todos los núcleos históricos que existían. Además, ha dicho que no admite que las concesiones se amplíen hasta 75 años ni que se contemplen las transiciones de compra-venta, sobre las que considera que el Estado debería tener el control.
Al mismo tiempo, ha añadido que el PSOE va a combatir por que se incluya en el dominio público las salinas y otros terrenos inundados que la reforma dejaría fuera y que las industrias en el litoral, como por ejemplo las papeleras de Ence en Galicia no puedan operar más allá de 2018, si bien, "unos pocos años más".
Asimismo, Fidalgo estima que la enmienda de las urbanizaciones marinas es "una concesión a CiU" porque no se entiende que se puedan legalizar estas obras. "No se puede poner la legislación general al servicio de intereses privados determinados", ha apostillado.
El senador ha añadido que los socialistas lucharán por que no se reviertan los deslindes ejecutados porque no se puede obviar el trabajo durante décadas de funcionarios y de sentencias favorables al Estado en un 95 por ciento, ya que, de aprobarse se abriría la puerta a revisar las expropiaciones.
Por su parte, el senador del grupo mixto, Jesús Enrique Iglesias, a criticado que el Gobierno busca la coartada de la Unión Europea por el perjuicio a los ciudadanos de otros estados que adquirieron viviendas en la costa y que ahora pueden perderlas. "Son casos puntuales que no justifican esta norma", ha dicho en declaraciones a Europa Press.
CULPA DE AZNAR
En su opinión, el PP tiene una "responsabilidad moral y legislativa" porque fue la reforma de la Ley del Suelo del ex presidente José María Aznar la que impulsó la filosofía de que todo el suelo era urbanizable y la que alentó a algunos ayuntamientos a hacer la vista gorda con la Ley de Costas. "Esto derivó en el hormigonado de la costa, sobre todo del Mediterráneo y parte de la Cantábrica", ha afirmado.
De hecho, considera que la reforma de la ley de costas lo que busca es legalizar esas construcciones ilegales y rebajar el listón de protección del litoral. "Esto es una auténtica burla legal y con esa reducción de 100 a 20 metros del dominio público se alienta que se siga construyendo aún más", ha asegurado. Por ello, espera que sean las normas autonómicas las que aspiren a mantener la protección, ampliando ese margen. "La ley de costas supone la renuncia del Estado a proteger la costa y delega en ayuntamientos y comunidades autónomas la regulación", ha lamentado.
Por último, ha denunciado que la voluntad del gobierno es "permitir nuevas aberraciones" y ha criticado que la exposición de motivos de la reforma es contraria al articulado. "Este gobierno cree que no hay que proteger la costa y, por eso, está dispuesto a enladrillar, con una ley chicle que estira los límites", ha agregado.
