MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -
El PSOE, CiU, la Izquierda Plural, ERC y BNG exigirán este jueves al Gobierno en el Congreso de los Diputados que retire el proyecto de ley para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, a través de la presentación de sendas enmiendas de totalidad que defenderán ante el pleno de la Cámara. Asimismo, el ministro competente en la materia, José Ignacio Wert, defenderá ante el Pleno el citado proyecto de ley.
En concreto, PSOE, ERC y BNG lamentan en sus respectivas propuestas que el Gobierno esconda detrás de esta iniciativa más protección al toreo, y según ERC, la vuelta de las corridas de toros en Cataluña.
Por otro lado, la mayor parte de los grupos parlamentarios coinciden en que el objetivo del Gobierno con esta iniciativa legislativa es minar las pocas competencias que en material cultural ostentan las comunidades autónomas. En este aspecto centran sus quejas CiU, IU y también se suma el BNG.
Este proyecto de ley fue aprobado en el Consejo de Ministros del pasado 24 de octubre y entre otros puntos regula la competencia de la Administración General del Estado para declarar 'Manifestaciones Representativas del Patrimonio Cultural Inmaterial' y la habilita para adoptar "medidas de salvaguarda" de estos bienes culturales.
PROTECCIÓN AL TOREO
"Una de las intenciones que esconde el proyecto es la de la protección de todo lo relativo al toreo, incluso en territorios en los que éste nunca ha tenido arraigo", avisan los nacionalistas gallegos, quienes recuerdan que hace un año la Cámara aprobaba la Ley por la que se regulaba la tauromaquia como patrimonio cultural inmaterial.
"Este proyecto de ley complementa el marco jurídico para encumbrar al toreo como patrimonio cultural inmaterial y fiesta nacional, como queda de manifiesto a través de la disposición final quinta de este proyecto de ley. Este proyecto de ley podría ser el instrumento para impedir que las comunidades autónomas legislen a favor de la protección de los animales o incluso intentar derogar normas existentes en este sentido", añaden.
¿VOLVERÁN LOS TOROS?
Desde el Grupo Socialista han registrado una enmienda de totalidad porque, a su juicio, esta norma fragmenta el proyecto de ley del Patrimonio Histórico Español, de 1985, "una fragmentación innecesaria e inútil, ya que provoca la dispersión normativa de una materia que costó muchas décadas regular con principios unitarios".
Es más, sostiene que no es válida la justificación del Grupo Popular basada en la finalidad de adaptar al ordenamiento español un tratado internacional la Convención de la UNESCO de 2003, pues tanto la UNESCO como el Consejo de Europa han promovido diversas convenciones que el Estado español ha ratificado sin que la adaptación de cada una de esas convenciones exigiera una ley independiente.
"Si el Gobierno ha pretendido desarrollar la Convención mediante una ley específica ha sido para dar más justificación a la demagógica protección de los espectáculos taurinos donde ha ido de la mano de los intereses más antiguos y nacionalistas", advierte el PSOE.
Precisamente, hace un par de semanas el Congreso de los Diputados debatió la puesta en marcha de un marco estatal de protección animal, una iniciativa que marcó el inicio de Pedro Sánchez al frente de la secretaría general del PSOE, y que fue motivo de polémica al publicitarla en varios espacios televisivos tras ser presentada a raíz de la celebración del polémico Toro de la Vega de Tordesillas. En aquel momento Sánchez negó que su objetivo fuera prohibir los toros en España.
Mientras, desde ERC temen que con esta ley "la voluntad del Gobierno no es otra que atribuirse competencias que no ostenta para lograr levantar la abolición de las corridas de toros en Cataluña".
En ella, los republicanos catalanes argumentan que el Gobierno pretende con esta norma dar cabida a los toros, una "salvaje herencia ancestral" como patrimonio cultural. Sin embargo, dice que la pretensión de reconocer las corridas de toros como patrimonio cultural ha tenido ya un "importante eco internacional" que ha provocado la activación y firma en contra de esta iniciativa de más de 100 organizaciones de protección animal de 29 estados y de más de 256.000 ciudadanos de más de 135 países.
Entre estos, ERC apunta al premio Nobel de Literatura J.M. Coetzee o la conocida primatóloga y premio Príncipe de Asturas Jane Goodall. "La aprobación de la presente ley podría servir como una nueva vía de protección de la tauromaquia e incluso pretender su imposición a territorios antitaurinos como Cataluña", sentencia el partido nacionalista.
Además, considera en su enmienda que otro de los objetivos del Gobierno con la misma es "laminar" las competencias autonómicas, sustrayéndoles cualquier ámbito de decisión y subordinado sus políticas a los dictados del Gobierno del Estado. A su juicio, esta normativa es "fruto de la visión nacionalista, centralista y homogeneizadora del Estado mantenida por el PP".
CiU e IZQUIERDA PLURAL TAMBIÉN LO PIDEN
En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Cultura de CiU, Monsterrat Surroca, argumenta que su grupo parlamentario pide la devolución al Gobierno de este proyecto de ley porque, a su juicio, "vacía" las competencias en materia de cultura que tienen las comunidades autónomas.
Desde Izquierda Plural, Ascensión de Las Heras justifica su enmienda de totalidad en que esta normativa responde a una "apuesta recentralizadora" del Estado. "Va a crear más complicaciones de las que va a solventar", ha apreciado la diputada.
Asimismo, la portavoz considera que el proyecto de ley "llega tarde" ya que España ratificó la Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO en 2006.
Desde el BNG consideran que esta norma invade en "numerosas ocasiones" el marco autonómico para la protección del patrimonio cultural inmaterial.
Desde su punto de vista, en este proyecto de ley "subyace la idea de convertir en uniforme" unos usos, expresiones y tradiciones que no tienen una tradición común en los diferentes territorios del Estado, de manera que el Gobierno pretende crear una "cultura nacional" que no se corresponde con la realidad pluricultural, plurilingüe y plurinacional del Estado.
