Los taurinos avisan: Los toros vuelven a Cataluña "igual que antes" y ahora "blindados"

Torero José Tomas en Barcelona
EUROPA PRESS
Actualizado: jueves, 20 octubre 2016 15:08

   MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El abogado de la Fundación Toro de Lidia, José Miguel Soriano, ha mostrado su satisfacción por el fallo del Tribunal Constitucional que anula la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, porque es "positivo" para la tauromaquia y "para la seguridad jurídica", pero sobre todo, porque garantiza que los toros "pueden volver" a las plazas como 'La Monumental', de Barcelona.

   Soriano ha manifestado a Europa Press que la sentencia es positiva porque se van a poder celebrar corridas de toros en Cataluña "de la misma manera que antes" porque el alto tribunal ha resuelto que los toros son "patrimonio cultural común para todos los españoles" y la competencia le corresponde "en exclusiva al Estado".

   Así, considera que la sentencia, a falta de conocerse en su totalidad, es un "aviso" a otras comunidades autónomas que se planteen seguir la línea abolicionista catalana.

   "Los toros son cultura y eso le corresponde al estado. El fallo blinda la tauromaquia a nivel nacional", ha asegurado el letrado que añade que esto se complementa con la ley de 2013 que clasifica la tauromaquia como bien de interés cultural.

   Ante el nuevo contexto y la posibilidad de que las administraciones locales y autonómica puedan "interponer todo tipo de trabas" ha advertido de que, en ese caso, "estarán fuera de toda legalidad".

   De este modo, ante los pronósticos de los antitaurinos de que pese a la sentencia no volverán los toros a Cataluña, Soriano ha asegurado que este argumento es "absolutamente falso".

   "Cualquier funcionario, entidad pública o privada que coarte la libertad o trate de impedirlo estará fuera de la legalidad y esto tendría consecuencias legales", ha insistido.

   En su opinión, lo que "no se puede soportar" es que el Tribunal Constitucional dicte una cosa y las autoridades administrativas locales o autonómicas "incumplan el fallo".

   El momento de anunciar un cartel taurino con la primera corrida en Cataluña tras el fallo es ahora "decisión exclusiva" del empresario de la plaza, una vez que se decida y solicite las autorizaciones administrativas pertinentes ya que, según ha insistido, "ya no hay impedimento legal para celebrarlas igual que antes".

   Asimismo, ha indicado que si "el capricho de una comunidad autónoma" ha impedido realizar una actividad económica legal a una empresa, esto podría tener "consecuencias" si la empresa decidiera demandar a la administración.

   Por otro lado, fuentes cercanas a Balañá, la empresa propietaria de 'La Monumental' plaza de toros de la ciudad condal, han trasladado a Europa Press que no se pronunciarán sobre el fallo hasta conocer el texto íntegro de la sentencia.

SENTENCIA HISTÓRICA EN ARAS DE LA CULTURA

   En la misma línea, el presidente de la Asociación Internacional de la Tauromaquia, William Cárdenas, ha calificado la sentencia de "histórica" y de "importancia extraordinaria" porque ratifica los argumentos jurídicos que la asociación defiende desde el año 2000, cuando comenzó a señalar la tauromaquia como un "elemento del patrimonio cultural inmaterial español".

   Igualmente, ha celebrado que el fallo incide en que la condición de patrimonio cultural es lo que impide que la tauromaquia puede ser prohibida por parlamento autonómico "o autoridad alguna".

   Además, ha defendido como "bandera" de la asociación "la libertad y el derecho de los ciudadanos a acceder a la cultura de su entorno". "Ninguna autoridad puede prohibirlo, porque la cultura representa el alma de los pueblos y esto no admite prohibición de ninguna especie", ha sentenciado.

   De este modo, considera que con la sentencia, el TC genera jurisprudencia, apoyada en las leyes de 2013 de tauromaquia como patrimonio cultural español y la de 2015 de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial de España.

   En definitiva, Cárdenas ha pronosticado que a partir de ahora "cualquier atentado o agresión" contra los toros por parte de administraciones colocará a estas "en situación de ilegalidad" y al margen de la ley.