MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal de Cuentas ha recomendado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) que establezca los medios para el seguimiento de los créditos subordinados concedidos a los proyectos relacionados con las inversiones indirectas, con el fin de verificar el devengo de los intereses y su imputación en el ejercicio correspondiente.
Se trata de una de las recomendaciones que el órgano fiscalizador realiza ante el informe de fiscalización de las actividades llevadas a cabo por el IDEA en los ejercicios 2003 a 2008, un trabajo que ha sido presentado este martes por el presidente de la entidad, Ramón Álvarez de Miranda, ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas.
En el Informe se procedió a la comprobación de los procedimientos aplicados por el IDAE en el desarrollo de sus operaciones y a la verificación de los métodos y criterios utilizados para la selección de las actuaciones que realiza en cumplimiento de sus funciones.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía es una Entidad Pública Empresarial adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Su objeto es promover la mejora de la eficiencia energética y el uso racional de la energía en España, así como apoyar la diversificación de fuentes de abastecimiento y la implantación de las energías renovables.
RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
Álvarez de Miranda ha puesto de relieve durante su intervención que la actividad inversora en el período fiscalizado se concretó en proyectos de interés energético "consistentes", por una parte, en inversiones directas, mediante fórmulas contractuales denominadas 'Contratos de financiación por terceros', que al cierre del ejercicio 2008 ascendían a 107,4 millones de euros.
Por otra parte, ha señalado que, en inversiones indirectas, a través de su participación en diferentes figuras societarias o asociativas que, a finales del ejercicio 2008, se elevaban a 59 millones de euros.
En este sentido, ha recordado que el Instituto tenía encomendada la gestión y el desarrollo de políticas y planes del Estado en materia de ahorro, conservación y diversificación de la energía, como el Plan de Energías Renovables (PER) y el Plan de Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.
En concreto, ha detallado que, de 2003 a 2005, las ayudas de la Entidad a programas de ambos planes se gestionaban a través de la línea de financiación ICO-IDAE, mientras que entre 2006 y 2008 se gestionaban mediante convenios de colaboración suscritos con las comunidades autónomas y mediante actuaciones directas.
Sobre los proyectos que el Consejo de Administración del IDAE, el presidente del Tribunal de Cuentas ha recordado que los que se aprobaron definitivamente en el período fiscalizado fueron 75, por un total de 151,8 millones de euros, de los que 58 proyectos se financiaron mediante inversión directa del Instituto, por un total de 113,8 millones, y los 17 restantes a través de inversión indirecta, por 38 millones.
La financiación de sus inversiones procedía de las aportaciones consignadas anualmente en los Presupuestos Generales del Estado y de los recursos generados por la propia actividad inversora de la Entidad. Las transferencias de capital recibidas pasaron de 16,7 millones de euros en los ejercicios 2003 a 2005, a 18,3 millones en 2006, 17,8 millones en 2007 y 18,4 millones de euros en 2008.
Por lo que se refiere a los gastos de inversión directa, los expedientes de contratación se tramitaron, en general, conforme a la normativa aplicable y al procedimiento interno de la Entidad, salvo algunas incidencias que se reseñan en el Informe. En el período fiscalizado hubo un total de 14 proyectos de inversión directa, más uno de inversión indirecta, que incurrieron en morosidad y llevaron a dotar la correspondiente provisión para insolvencias. El saldo de dicha provisión se elevaba a 5,9 millones de euros al cierre de 2008.
Respecto a la inversión indirecta, entre 2003 y 2008, la entidad invirtió 7,8 millones de euros en el capital de diez sociedades mercantiles y aportó 1,3 millones a otras cinco sociedades en las que participaba al cierre del ejercicio 2002. En aquel periodo vendió y liquidó su participación en el capital de diez sociedades y redujo la inversión en otras cuatro.
Finalmente, Álvarez de Miranda ha señalado que, en lo referente a la línea ICO-IDAE, vigente hasta 2005, se observó un número creciente de proyectos presentados, lo que indica un efecto positivo de las actuaciones realizadas, incluyendo la adaptación a la demanda real de los posibles beneficiarios.
