MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -
La directora del Teléfono ANAR, Leticia Mata, recuerda que todos los ciudadanos tienen la obligación moral y legal de denunciar los delitos que se cometan contra menores de edad de los que sean testigos o de los que tengan sospecha, para evitar casos como el de Torrevieja (Alicante) donde el entorno de un niño que ha sido asesinado por el hombre que les venía maltratando a él y a su madre conocía la situación pero no la trasladó a las autoridades.
En declaraciones a Europa Press, Mata se refería así al artículo 13 de la Ley de Protección Jurídica del Menor vigente, según el cual, "toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o función detecten una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos sin perjuicio de prestarle el auxilio inmediato que precise".
Según explica, más que la existencia o no de esa obligación legal, en los adultos pesa el "miedo". Callan por miedo a cometer un error y perjudicar sin razón a una familia y por miedo a que el denunciado emprenda represalias. "Hay una tendencia a no notificar estas situaciones, dudar o mirar para otro lado", lamenta.
Sobre el primer asunto, señala que "los adultos a veces tienen miedo por estar equivocándose, piensan que quizá son ellos que se están haciendo ideas en la cabeza y temen porque notificar esa situación supone una implicación personal y puede suponer un perjuicio para esa familia".
La experta opina que no hay razón, porque contra lo que se pudiera pensar, "los servicios de protección de menores tienen como máxima no separar jamás a un niño de su familia salvo en situaciones en que por la gravedad, por el riesgo real para su integridad física o psicológica es estrictamente necesario", es decir, si la investigación no encuentra nada, no pasará nada.
"Lo primero que hacen los profesionales de los servicios sociales es buscar si hay algún expediente abierto sobre esa familia, por lo que sea, por ayudas económicas, por casos de violencia de género, cualquier cosa. Saben muy bien como actuar. Investigan después todo el entorno del menor, el centro escolar, el pediatra, para poder tener una mayor información sobre su situación antes de citar a su familia", apunta.
Consultado sobre este asunto, el que fuera primer Defensor del Menor y asesor durante más de 30 años en Fiscalía de Menores, Javier Urra, añade que cuando un adulto omite su obligación de denunciar, lo cierto es que "no se persigue", ya que se toman decisiones "por no ampliar el proceso, porque es difícil de demostrar o porque la administración de justicia está saturada". "Al final piensas que en el órgano judicial van a decir que no tenían constancia o no podían demostrarlo, así que desistes", plantea.
Por eso, incide en la primera obligación, que es "moral" y llama a los ciudadanos a romper sus miedos, ya que, comenta "no sólo Hacienda es interactiva". Recuerda que el ciudadano puede informar al Ministerio Fiscal sobre aquello de lo que sospecha y dejar el caso en sus manos, "porque va a actuar de oficio en cuanto tenga conocimiento". "Que se confirma, pues hemos evitado un maltrato, que no, pues no pasa nada", apunta.
En este sentido, pone como ejemplo lo que hace el personal sanitario, "que en cuanto ven una cosa que les llama la atención, una rotura de hueso que se repite al cabo del tiempo sin justificación o lo que sea, mandan inmediatamente un fax a Fiscalía diciendo que algo no les encaja". "Hay que dejar atrás la cobardía", comenta.
SE PUEDE HACER DENUNCIA ANÓNIMA
La responsable de ANAR recuerda que el Teléfono de la fundación (900202010) está asistido por psicólogos y psiquiatras especializados en infancia con capacidad para orientar al adulto que llama, analizar la situación que comenta y ayudarle a saber qué hacer al respecto, pero no sólo: puede activar los protocolos necesarios para proteger a ese niño, ya sea avisando a Servicios Sociales o a la policía, en caso de emergencia.
"La persona que llama a denunciar puede permanecer si quiere en el anonimato, es algo que da igual. Lo importante es que tengamos algún dato de ese menor para que podamos activar los protocolos y protegerle", recuerda la directora de ANAR.
Urra recuerda sobre este punto que lo mismo ocurre cuando se denuncia ante Fiscalía, ya que el ciudadano puede organizarse con otros y hacerlo en nombre por ejemplo de una comunidad de vecinos o de padres de alumnos de un centro escolar, diluyendo así su presencia en caso de que tema represalias.
"Eso de que lo que pasa en la casa de al lado no es tu problema, esa idea que es antigua, hay que superarla. Los niños no tienen defensa ninguna si los ciudadanos no somos proactivos. Oímos delitos, oímos ruidos, oímos la tristeza, vemos elementos que llaman poderosamente la atención en el colegio, en la escalera. Pues se pone en comunicación de Fiscalía de Menores y que haga lo que tiene que hacer, lo que no puedes es quedarte tan tranquilo en la cama. No hay que ser cobarde", sentencia.
