El Estado remite un informe a la ONU sobre las medidas adoptadas que Women's Link denuncia punto por punto
MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -
La hija de Ángela González fue asesinada por su padre, un maltratador condenado, durante un régimen de visitas sin supervisión al que ella se había opuesto reiteradamente. Su caso motivó una condena a España de Naciones Unidas por no proteger a las víctimas de la violencia de género. Han pasado doce años y denuncia que después de tanta lucha, aún son muchas las mujeres en riesgo de sufrir un atentado como el que ella padeció porque el Estado no ha tomado medidas para impedir que se repita.
"Esta justicia no es consciente de que entregamos a nuestros hijos a individuos que lo único que tienen en su cabeza es hacer el mayor daño posible a su madre importándole en absoluto a quién se lleven por delante, es decir, ni a sus propios hijos. Es una moneda de cambio muy valiosa para ellos, saben que tienen conseguido su propósito", denuncia.
El Comité para la Eliminación y Discriminación contra la mujer de Naciones Unidas (CEDAW) obligó en aquella condena a España a "tomar medidas adecuadas y efectivas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos, y para que el ejercicio de los derechos de visita o custodia no pongan en peligro la seguridad de las víctimas de violencia, incluidos los hijos", cuyo interés y derecho a ser escuchado "deberán prevalecer".
Sin embargo, tal y como recuerda esta ciudadana cuyo caso llevan las abogadas de la ONG Women's Link Worldwide, un maltratador a día de hoy, puede seguir teniendo acceso a sus hijos menores de edad en un régimen de visitas impuesto por el juez y contra el criterio de la madre, víctima de violencia de género. De hecho, según los datos oficiales que adelantó Europa Press, hay 73 acusados de maltrato en prisión preventiva, cuatro de ellos con resultado de muerte, que siguen manteniendo comunicación con sus hijos, niños o adolescentes.
"Muchas madres nos preguntamos cuándo empezarán a tener en cuenta a nuestros hijos. ¿Cuántos asesinatos tiene que haber para que la justicia proteja de verdad a nuestros hijos e hijas? Os puedo asegurar que les cuesta, les cuesta mucho. Cuando fallecen en este país personajes públicos, actores, políticos, gente conocida, este gobierno siempre tiene palabras de pésame y condolencia", señala esta mujer, que no ha recibido el mismo trato por parte del Ejecutivo.
"NO SE CASTIGA UNA IDEOLOGÍA, SINO UN ESTADO"
En su escrito, recuerda que el Gobierno tuvo que contestar hace unos días en el Congreso a una pregunta parlamentaria sobre este asunto "y la escueta respuesta fue, que no son responsables, que cuando sucedió gobernaban otros". Incide en el hecho de que la ONU "no está castigando una ideología política, sino a un Estado, independientemente de quien lo gobierne".
"Llevo 12 años luchando porque estaba segura de la negligencia y culpabilidad de esta justicia en el asesinato de mi hija, esta justicia que durante todos estos años me cerró sus puertas y a la que ahora sí se les hace culpables. De esta justicia y de este gobierno, estoy esperando esas palabras de pésame y condolencia. A lo mejor las víctimas de violencia machista, son de una raza inferior, no son dignos o dignas de mencionarlos, seguimos siendo invisibles para todos ellos", lamenta.
El pasado 23 de enero y como era preceptivo, el Estado remitió un informe a la CEDAW dando cuenta de las medidas adoptadas para acatar la resolución del Comité al que se sumará en los próximos días un reporte de Women's Link Worldwide que detallará, por su parte, "la falta de cumplimiento de todas las recomendaciones". Ambos serán sopesados por la institución internacional.
DEBERÍA HABER UNA INVESTIGACIÓN
La organización detalla punto por punto el mandato de la ONU, la respuesta del Ejecutivo y su perspectiva sobre la misma. Así, indica que mientras el Comité pedía una "investigación exhaustiva e imparcial" para determinar los fallos y prácticas del Estado que ocasionaron la falta de protección de Ángela y su hija, el Gobierno alega que "dado el tiempo transcurrido" desde que ocurrió, "no es posible plantear una nueva investigación exhaustiva del caso".
Para el Ejecutivo, "no se aprecia que exista en la actualidad un fallo estructural o sistémico del ordenamiento jurídico español, ni tampoco ausencia de medios materiales o personales para evitar que este caso pueda repetirse".
Women's Link sentencia sobre este asunto que "no realizar una investigación se relaciona con que, en la actualidad, siguen ocurriendo casos de violencia de género y asesinatos de mujeres y de sus hijos e hijas que serían evitables si se depuraran responsabilidades y se comprendiera qué fue lo que falló en el asesinato de la hija de Ángela y por qué se concedió un régimen de visitas sin supervisión a pesar de las continuas denuncias de Ángela para que esas visitas fueran supervisadas para proteger a su hija".
UNA VÍCTIMA SIN REPARACIÓN
Tampoco comparte el argumentario del Gobierno sobre el derecho de Ángela González reconocido por la CEDAW a "una reparación y una indemnización proporcional a la gravedad de lo sucedido". "Como en las sentencias emitidas por los tribunales nacionales no se apreció un funcionamiento anormal de la administración de justicia, ni existe base jurídica, no ha lugar la reparación ni una indemnización integral", dice el Gobierno. "El propio dictamen del Comité CEDAW es la base jurídica", contesta la ONG.
El tercero de los mandatos versaba sobre la necesidad de adoptar medidas efectivas para evitar que vuelva a repetirse algo así. El Estado alega las reformas previstas sobre infancia, estatuto de la víctima del delito y también el anteproyecto de corresponsabilidad parental, pero, como recuerda Women's Link, a la luz de las cifras de asesinatos "las medidas no están funcionando", las mencionadas aún no se han adoptado y la última de ellas, en su redacción inicial, abre la puerta a que un maltratador pueda tener régimen de estancia y comunicación con sus hijos.
"Creo que todos los procesos se acaban, aunque sean largos como el mío, es necesario e imprescindible que esto ocurra, porque hasta que no pase, hasta que el Gobierno no quiera responderme, hasta que no cumpla con la decisión tomada por el Comité de la CEDAW, mi vida será siempre una lucha. La dignidad está por encima de todo, pero creo que también es importante empezar a vivir", dice Ángela González.
