El Defensor del Pueblo investiga el colapso de la AP6 y la A6 porque intuye "disfunciones e imprevisiones"

Coches atrapados por el temporal de nieve en la AP-6
DGT
Publicado 08/01/2018 18:06:40CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, se ha dirigido a los Ministerios del Interior y de Fomento solicitando información sobre el colapso de la AP6 y de la A6 que el pasado 6 de enero dejó a miles de vehículos y a sus ocupantes atrapados en estas carreteras tras una nevada.

"De las informaciones facilitadas por las personas afectadas y por diversos medios de comunicación, parece deducirse la existencia de disfunciones, e incluso imprevisiones, en el momento de abordar los problemas descritos", advierte en un comunicado emitido este lunes 8 de enero.

A su juicio, a la nevada, anunciada previamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se sumó el "incremento notable" del tráfico en esas vías que conectan el noroeste de España con Madrid, al coincidir con la operación retorno de navidades.

Por este motivo, Fernández Marugán ha pedido información sobre cómo se planificó la operación retorno, en concreto, las medidas de coordinación de los servicios adoptadas por Interior y Fomento para su preparación y supervisión.

Además, la Institución quiere conocer la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT) sobre las limitaciones en el uso de las vías A6 y AP6 y la incidencia en las condiciones del tráfico, previas y durante el 6 de enero, motivadas por las inclemencias meteorológicas previstas.

El Defensor del Pueblo recuerda que en el caso de la AP6, aunque se trata de una vía gestionada por una entidad privada, ésta actúa por medio de la oportuna concesión administrativa, "en la que deberán constar sus compromisos contractualmente suscritos, para mantener un correcto y adecuado funcionamiento de la vía".

La Institución lamenta que en los últimos meses "con excesiva frecuencia" se está detectando un deficiente funcionamiento de los servicios públicos prestados, bien directamente por la administración o bien por medio de entidades privadas concesionarias (servicios de seguridad en aeropuertos, obtención del permiso de conducir, expedición del DNI y pasaporte, etc.) que, según ha alertado, "deberían hacer reflexionar a las autoridades sobre tal situación para corregirla".