El estigma del trastorno mental: de las burlas en la escuela a la vulneración de derechos

Campaña Confederación Salud Mental España
CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA
Actualizado: miércoles, 21 octubre 2015 15:29

   MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Las personas con enfermedad mental sufren a lo largo de su vida toda una serie de situaciones fruto del estigma que acompaña a su condición, desde rechazo social, burlas y acoso en el colegio hasta un "abuso" de la fuerza policial cuando de adultos, se topan con las fuerzas de seguridad, o la "muerte civil" cuando la justicia les declara incapaces para ejercer derechos de ciudadanía.

   Son algunas de las conclusiones del estudio "Salud mental e inclusión social. Situación actual y recomendaciones contra el estigma" elaborado por la Confederación Salud Mental España y presentado este miércoles en Madrid. Está confeccionado a partir de entrevistas con profesionales de la salud, las fuerzas de seguridad o la justicia, entre otros, junto a una reflexión sobre la bibliografía previa y ofrece una batería de propuestas de mejora.

   Concluye que existe estigmatización de las personas con trastorno mental en los ámbitos sanitario, educativo, de los medios de comunicación, de los servicios sociales, del empleo, de las familias, del poder ejecutivo y legislativo, y del penitenciario.

   Según explica, en el ámbito educativo, donde "existe muy poca información acerca del estigma que viven las personas jóvenes con trastorno mental", el personal docente cuenta con "poca formación en torno al trastorno mental" y eso que por el estrés que sufren, podrían desarrollar uno. También los niños y jóvenes que sufren acoso pueden acabar desarrollando ansiedad o depresión, por ejemplo.

   En el marco de la familia, que según el estudio es quien asume el peso de los cuidados de la persona con enfermedad mental "debido a un desigual e insuficiente desarrollo del sistema de atención comunitaria", el afectado tiene que lidiar con "actitudes paternalistas, sobreprotectoras y excesivamente compasivas" de un entorno que además, "sufre autoestigma, sintiendo culpa y vergüenza por la enfermedad que sufre su ser querido".

   Cuando se trata del espacio policial y judicial, el trabajo indica que "los operadores policiales a menudo abusan de medidas de contención basándose en la supuesta peligrosidad de la persona con trastorno mental" cuando tienen que interactuar con ella en escenarios como los traslados o ingresos con o contra su voluntad, ante la presunta comisión de un delito o en procesos de familia.

   El estudio explica que la falta de un protocolo o norma común de actuación en todo el Estado que fije las pautas a seguir en intervenciones con personas con trastorno mental, "unido a la pervivencia de estereotipos entre los profesionales" de este ámbito "da como resultado la existencia de vulneraciones de los derechos de las personas con trastorno mental".

   "Varias publicaciones se han hecho eco de esta situación y aluden al abuso, que en ocasiones, hacen las Fuerzas de Seguridad de los medios de contención (esposas o lazos de seguridad) así como de los elementos estimulantes como las luces y sirenas o el propio uniforme. Estas prácticas no sólo estigmatizan al paciente sino que pueden agravar considerablemente su estado de salud", dice el informe.

   Según expone, las "supuestas vulneraciones de derechos o malas prácticas no se circunscriben únicamente a la actuación de las Fuerzas de Seguridad, sino que en ocasiones, son los propios profesionales sanitarios así como las y los celadores y conductores de ambulancia, etc. quienes despliegan actitudes estigmatizadoras o discriminatorias durante los procedimientos".

   Recoge testimonios de personas afectadas que confirman este extremo y denuncian que "es una lotería" porque al final, el trato que recibe la persona con enfermedad mental depende de la sensibilidad de quien le atienda, desde la persona que coge el teléfono en el servicio de emergencias hasta el fiscal y el juez que tengan que llevar su caso.

INCAPACITACIÓN "SIN JUSTIFICACIÓN REAL"

   Precisamente sobre el ámbito judicial, el informe dice que en muchos casos, las personas con trastorno mental acaban en un juzgado de guardia por "las deficiencias en el sistema de atención comunitaria" y señala que "los procedimientos de agilización judicial no son los más adecuados" para ellas. Mientras, en el ámbito civil "se realizan incapacitaciones totales a veces sin una justificación real, y sin tener en cuenta la merma que esto supone en cuanto a los derechos civiles de una persona".

   La organización detalla que existe una gran proporción de personas con trastorno mental en los centros penitenciarios cuando "las prisiones no son un lugar adecuado para la reinserción y apoyo" a estos perfiles que sufren "un doble estigma" y, o bien carecen de recursos específicos para ellos o "no son bien recibidas en los recursos existentes".

   En este sentido, encuentran también problemas en el espacio sanitario, pues "generalmente pierden credibilidad y son infantilizadas por parte del profesional", entre otras razones, porque el personal "carece de formación adecuada o completa, así como de sensibilización sobre las dificultades generadas por el estigma de las personas con trastorno mental, además de que desconocen las pautas de actuación en situaciones como traslados o ingresos".

   "El estigma asociado al trastorno mental impregna todas las capas sociales por lo que también afecta a quienes promulgan leyes o normativas, lo cual tiene importantes repercusiones para las personas con trastorno mental", así como a los medios de comunicación, que a juicio de la confederación, deberían elaborar guías al respecto.

   El trabajo ha sido presentado en un acto encabezado por el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ignacio Tremiño; la secretaria general de la Fundación ONCE, Teresa Palahí y el presidente de la Confederación Salud Mental España, José María Sánchez Monge.

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