El fiscal dice que Roca blanqueó 240 millones

Actualizado 18/06/2010 1:42:32 CET

MÁLAGA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Anticorrupción sostiene que el presunto cerebro de la trama del caso 'Malaya', Juan Antonio Roca, constituyó una "verdadera organización, integrada por un nutrido grupo de personas, que bajo su dirección gestionaban y administraban su patrimonio como si de una empresa se tratara" con el fin de "encubrir la titularidad de bienes ilícitamente obtenidos y poder disfrutar de los mismos sin riesgo", y apunta que el blanqueo de fondos imputables a éste "asciende a un montante, en cifras redondas, de 240 millones de euros".

Según las conclusiones provisionales del ministerio público, Roca "ha conseguido amasar en los últimos años un patrimonio muy importante", diversificado en sectores como el agrícola, ganadero, hotelero e inmobiliario, "integrado por bienes y derechos de muy diversa índole, coincidiendo con la época en que estuvo ligado laboralmente con el Ayuntamiento de Marbella y sus sociedades municipales".

Asegura que "posee numerosos inmuebles --viviendas, chalés y locales comerciales-- en Marbella, Sevilla, Sotogrande (Cádiz), las Islas Baleares (Mallorca e Ibiza) y Madrid. Entre éstos, destaca la adquisición de varios palacios, que posteriormente "restaura para destinarlos a hoteles y lugares de eventos", como el de Saldaña, el de Villagonzalo o el de Tepa. En este capítulo de adquisición de inmuebles se calcula que el importe blanqueado fue de 136 millones de euros.

"Ha sido propietario de embarcaciones de lujo (yates) y lo es en la actualidad incluso de un avión y de un helicóptero", asegura la Fiscalía en sus conclusiones iniciales, a las que tuvo acceso Europa Press y en las que se señala que posee una colección de coches de lujo y antiguos, carruajes, toros y caballos, en lo que invirtió 4,3 millones de euros; así como relojes, cuadros y otros objetos suntuarios, que suman 27,6 millones de euros.

Según el fiscal, estas adquisiciones y otras suponen "una cifra de más de 170 millones de euros gastados en un período de 10 años", cantidad que unida a otros gastos hacen señalar al acusador público que "la capacidad de gasto del procesado en el período de tiempo referido, en cifras redondas, alcanza la cifra de los 200 millones de euros".

"La adquisición de este extraordinario patrimonio no puede justificarse sobre la base de las rentas lícitas conocidas del señor Roca ni con los ingresos que ha obtenido su unidad familiar, integrada por su esposa María Rosa Jimeno --también acusada-- y los dos hijos del matrimonio --una de ellas procesada--", apunta el escrito provisional.

Como ejemplo de gastos, el fiscal habla de la partida relativa al arrendamiento de la vivienda de la familia en Marbella, cuya renta mensual desde el año 1993 es de 1.202,02 euros, algo que es "en realidad un gasto totalmente innecesario en la medida en que el dueño de esos inmuebles es el propio Juan Antonio Roca, si bien oculta esa propiedad bajo la pantalla de dos sociedades de Gibraltar".

Así, se precisa que "con una renta disponible en ocho años en torno a los 50.000 euros anuales fue capaz de efectuar adquisiciones y atender a gastos por más de 200 millones de euros", por lo que se concluye en el escrito que "el origen del patrimonio acumulado en estos últimos años, al no poder vincularse a las rentas legales, se encuentra precisamente en la actividad delictiva desarrollada durante el tiempo que duró su vinculación profesional con el Ayuntamiento de Marbella".

ORGANIZACIÓN

Según la acusación, en la organización presuntamente creada por Roca cada uno asume una función, distinguiendo entre "quienes asumen funciones directivas de aquellos otros que de modo puntual colaboran en la llevanza de los negocios, contribuyendo al encubrimiento y reciclaje de los fondos ilegalmente obtenidos por dicho procesado en asuntos concretos". La especialización "llega incluso al apartado de seguridad".

Se destaca la utilización de un amplio entramado societario, formado, de una parte, por más de 70 empresas, "para adquirir o negociar con bienes de propiedad municipal, valiéndose de la especial posición de poder que el señor Roca ostentaba, obteniendo importantes beneficios económicos, siempre a costa de las arcas municipales".

El fiscal alude también a la empresa Maras Asesores, en cuyo registro los investigadores hallaron una serie de archivos informáticos "en los que se reflejan ciertos apuntes de ingresos y salidas de unos fondos que llegan a su poder"; pagos que serían de "ciertos empresarios al procesado y que tienen que ver con negocios que éstos han llevado a cabo en la localidad de Marbella".

"Está acreditado que Juan Antonio Roca ha financiado parcialmente sus distintos negocios y propiedades con los fondos obtenidos de ciertos empresarios --que también están procesados en esta causa--", señala el fiscal. Además, habla de la "preeminencia" de Roca en la corporación municipal, ya que sería él "quien, de modo inequívoco, había venido mandando en el urbanismo de la localidad hasta el mismo día 29 de marzo de 2006, fecha de su detención".

"POSICIÓN DE DOMINIO"

"Pese a no ser cargo electo, ni detentar la jefatura de servicio municipal alguno, dicho procesado ha venido ostentando una posición de dominio sobre la Corporación hasta el punto de que los distintos concejales del equipo de Gobierno municipal y la propia alcaldesa --Marisol Yagüe-- aparecían subordinados a su poder de decisión", manifiesta la Fiscalía Anticorrupción.

Añade que esta situación de poder "se sustentaba en el soborno sistemático y generalizado a sus distintos integrantes, mediante el pago regular de importantes cantidades de dinero, lo que le permitía disponer a su antojo de la voluntad de las autoridades municipales en orden a las resoluciones que éstos pudieran adoptar, fundamentalmente en el ámbito urbanístico", apunta.

"Ello implicaba que toda actuación urbanística a desarrollar en esa localidad tenía que contar con el visto bueno de Roca", dice. Así, la acusación pública indica en su escrito que los fondos con los que supuestamente Roca aplicaba a los sobornos de los munícipes y empleados del Ayuntamiento "procedían de los pagos que hacían a dicho procesado los distintos promotores y empresarios".

PROCEDIMIENTO

El procedimiento era "negociar con aquellos empresarios que estuviesen dispuestos a abonarle la pertinente contrapartida económica, bajo el compromiso de incluir la nueva configuración urbanística pactada en el documento de revisión del planeamiento, así como la aprobación del convenio por las autoridades municipales y las ulteriores autorizaciones administrativas", señala la Fiscalía.

Este "urbanismo a la carta" propició, según la acusación, "por la vía de hecho, una alteración total de la realidad urbanística del municipio". Tras las elecciones de 2003, "la voluntad del nuevo alcalde Julián Muñoz de asumir el efectivo control en el Consistorio, poniendo coto al poder que hasta entonces venía detentando el señor Roca, resultó truncada merced a la moción de censura" de agosto de dicho año.

Según el escrito del fiscal, ésta "fue diseñada por el procesado Roca bajo los auspicios del señor Gil" --en referencia a Jesús Gil y Gil--. "Esta moción de censura que aglutinó frente al alcalde electo --Julián Muñoz-- a quienes hasta entonces habían sido enemigos irreconciliables, sólo puede entenderse sobre la base de las expectativas de la obtención de un beneficio económico que Roca se comprometía a proporcionarles, lo que implicaba, en todo caso, que dicho procesado mantuviera la posición de poder de la que venía disfrutando", apunta.

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