La Fiscalía de Barcelona ordena detener al agresor de la menor ecuatoriana para pedir su ingreso en prisión

Actualizado 24/10/2007 16:13:51 CET

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Barcelona ha decidido ordenar la detención inmediata de Sergi Xavier M., el autor de la agresión a una joven ecuatoriana en un tren de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, y la peticion de una convocatoria de comparecencia para instar su prisión provisional, al estimarse que los hechos son "muy graves".

Así lo anunció el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, en rueda de prensa en el Congreso tras haber conversado con el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, acerca de las indagaciones que éste estaba realizando sobre la razón por la que el fiscal de guardia no estuvo ayer presente en la declaración del agresor ante el Juzgado de Sant Boi (Barcelona).

A este respecto, Bermejo explicó que el fiscal de guardia no acudió al acto porque se encontraba "en otro asunto", una causa por delito de narcotráfico, y porque la juez, que sabía perfectamente donde estaba, "no estimó necesario convocar su comparecencia" ni tomar medidas cautelares.

SON HECHOS "MUY GRAVES"

El Juzgado de Sant Boi resolvió ayer dejar en libertad con cargos al agresor, al que acusa de un delito de lesiones con la agravante de motivos racistas, sin otra opción, ya que la parte acusadora no pidió ninguna otra medida, como la prisión provisional.

No obstante, recalcó que Conde Pumpido le informó de que la Fiscalía de Barcelona, "consciente ahora de los detalles del asunto", ha decidido ordenar la detención inmediata del agresor y ha solicitado una comparecencia para pedir su prisión provisional dado que estima que los hechos son "muy graves". "A mí también me lo parecen", subrayó el ministro.

Preguntado sobre si se había puesto ya en contacto con su homólogo ecuatoriano, después de conocerse la intención del Gobierno de asumir la defensa de la menor agredida, Fernández Bermejo respondió negativamente, si bien aclaró que lo hará porque el Ejecutivo español entiende que son hechos que "deben tener una respuesta".

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