Los funcionarios de la Generalitat de Cataluña y ayuntamientos tendrán un mes de permiso de paternidad

Actualizado 22/06/2006 13:58:20 CET

BARCELONA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Parlament de Cataluña aprobó hoy por unanimidad la ley de conciliación de la vida laboral y familiar del personal de las administraciones públicas, por la cual los funcionarios de la administración de la Generalitat y ayuntamientos catalanes podrán disponer de un mes de permiso de paternidad una vez concluidas las 16 semanas de las que disfrutan las madres tras dar a luz. Los funcionarios que soliciten ese permiso recibirán su sueldo íntegro.

La nueva ley no distingue a los beneficiarios entre matrimonios de heterosexuales u homosexuales ni parejas de hecho reconocidas y se ofrece el mismo permiso tanto para hijos biológicos como para adopciones o menores en situación de acogida, siempre que se tenga la custodia legal del niño y la madre trabaje.

También podrá acceder a este permiso la madre cuando el padre no tenga la custodia legal o haya fallecido, añadiéndose a su propio permiso por maternidad, ya sean solteras, separadas, divorciadas o viudas, siempre y cuando tengan la custodia exclusiva.

En total, podrán optar a este permiso 230.000 personas, de las cuales 140.000 trabajan para la Generalitat y 80.000 en los ayuntamientos catalanes. También se podrán acoger a esta medida los trabajadores de las empresas públicas en las que la Generalitat tiene una presencia superior al 50% y el personal no docente de las universidades.

El conseller de Gobernación y Administraciones Públicas, Xavier Sabaté, presentó la norma en el pleno y aseguró que se adecua --en el ámbito del funcionariado-- a lo que establece el nuevo Estatut en materia de "protección a las familias".

La ley amplía los supuestos para pedir un permiso retribuido de varios días, que se podrán reclamar por matrimonio o "inicio de convivencia en el caso de uniones estables de pareja", propio o "de un familiar", por maternidad y paternidad, adopción, acogida, para atender a hijos prematuros o discapacitados, permisos prenatales, y permisos para las mujeres por situaciones de violencia de género.

OTRAS MEDIDAS.

De hecho, otra de las novedades que incluye la norma son medidas para las funcionarias que sean víctimas de violencia doméstica, a las que se les ofrecen permisos y excedencias sin límite de tiempo, además de preferencia para la movilidad laboral, en aplicación de la nueva legislación estatal.

Además, se amplía la reducción de jornada en un tercio cobrando el 100% de las retribuciones por maternidad o paternidad después de estos permisos, con una duración máxima de un año, mientras que hasta ahora esta reducción sólo era posible hasta que el niño tuviera un año de edad.

Las madres funcionarias podrán escoger su permiso a tiempo parcial si lo prefieren durante 16 semanas ininterrumpidas y ampliables en caso de parto o adopción múltiple, con dos semanas más por cada hijo a partir del segundo. El padre podrá hacer uso de este permiso, o de lo que quede de él, en caso de fallecimiento o enfermedad incapacitante de la madre.

La nueva normativa tiene en cuenta el número de hijos y en caso de parto o adopción múltiple, el permiso por nacimiento, adopción o acogida del padre pasa de los cinco días hasta 15 días laborables. Se amplía también la reserva del lugar de empleo hasta 3 años, en excedencia voluntaria, para el cuidado de los hijos o de personas dependientes, que ahora era de un año.

La unificación de estas medidas en una sola ley permitirá que se beneficien de estos cambios no sólo el personal al servicio de la administración de la Generalitat sino también el resto de personas que prestan servicio en las distintas administraciones, organismos estatutarios y el sector público en general en Cataluña.

Esto incluye a los trabajadores de la Generalitat y sus organismos dependientes, a los funcionarios al servicio de los entes locales, entidades y organismos que dependen de ellos y empresas públicas participadas mayoritariamente, al personal no docente al servicio de universidades públicas catalanas, al personal del Parlament de Cataluña y a los funcionarios que trabajan en consorcios, fundaciones y otros entes participados en más de 50% por alguna de estas administraciones.

Todos los grupos aplaudieron las medidas que establece esta normativa, aunque CiU y PP defendieron también algunas enmiendas, que fueron desestimadas y con las que quisieron señalar que la ley "es mejorable". El diputado del PP de Cataluña, Joan López, fue el más crítico, pese a votar a favor, y denunció el riesgo de que "bajo el eslogan de derechos para todos estemos creando castas de trabajadores" al conceder a los funcionarios derechos que "nunca podrán tener" los trabajadores "autónomos, de las micropymes o la gente joven y pluriempleada".

La diputada de ERC Carme Porta expresó también su deseo de que esta iniciativa "se pueda hacer extensible a todos los trabajadores y trabajadoras de Cataluña, un ámbito en el que --recordó-- no tenemos competencias".

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