MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -
Cuatro de los cinco consejeros que componen el pleno del consejo de Seguridad Nuclear (CSN) consideran que "no es el momento de introducir" en el proceso abierto de la solicitud de renovación de licencia de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) debates sobre práctica regulatoria que, siendo muy convenientes y necesarios deben producirse "en otro momento" y que "no tienen cabida en el motivo de la resolución adoptada".
Así se han pronunciado el presidente del CSN, Fernando Martí (PP), la vicepresidenta, Rosario Velasco (PSOE), y los consejeros Antonio Gurguí (CiU) y Fernando Castelló (PP) tras el voto particular de la consejera Cristina Narbona, respecto a la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) aprobada esta semana por el pleno por la que se requiere información adicional al titular de Garoña (Nuclenor) sobre la documentación remitida para el expediente de solicitud de licencia de explotación hasta 2031.
Narbona, que no discrepa de la lista de requerimientos adicionales exigidos a Nuclenor, considera que antes de empezar a analizar esta cuestión se debería fijar por cuanto tiempo, ya que lo habitual en España son las renovaciones por diez años y no por diecisiete, lo que supondría modificar la práctica regulatoria en España.
A este respecto, el resto de consejeros estiman que en este momento no se debe condicionar la posición favorable o contraria a la resolución adoptada en la necesidad de manifestar o difundir un mensaje sobre cuestiones de práctica regulatoria.
Además, manifiestan su "enérgico rechazo" a argumentos que, partiendo de criterios políticos o económicos, pretenden "desprestigiar el trabajo serio y riguroso" del CSN en general y en particular de las decisiones del Pleno cuando no se comparte el posicionamiento mayoritario.
CSN: NO ES COMPETENTE PARA VALORAR PLANTEAMIENTOS ECONÓMICOS
A su juicio, el CSN "ni es competente, ni debe, ni puede, entrar a valorar posibles o hipotéticos planteamientos económico-financieros", ni le deben influir estrategias más o menos explícitas que quedan fuera de su ámbito de actuación. "El rigor en su comportamiento es clave por la materia que tiene conferida por ley: la seguridad nuclear y la protección radiológica", concluye.
En las mismas alusiones al voto de Narbona, los firmantes se reafirman en que no hay nada más garantista que observar un procedimiento administrativo "ordenado y reflexivo, donde no se anticipen debates que no corresponden a su oportuno momento y, mucho menos, si se pretende abordar esos debates sin contar todavía con los elementos de juicio adecuados".
En todo caso, añade que cuando se disponga de la documentación e información suficiente, se iniciará el proceso de evaluación técnica de detalle, durante el cual se analizará la solicitud, a la luz de toda la regulación y normativa aplicable. Asimismo, apunta que en ese proceso de evaluación se podrán programar inspecciones para verificar datos y demás información aportada por el titular, e incluso solicitar nueva información adicional y convocarse reuniones para aclarar los temas que surjan.
De momento, valoran que el conjunto de requisitos adicionales exigidos por acuerdo del pleno constituyen un "elevado nivel de exigencia" respecto al objetivo del CSN de velar por la seguridad nuclear y la protección radiológica.
A ese respecto, estiman que este "exigente" paquete de requerimientos es "compatible con cualquier posicionamiento" que en el momento adecuado el regulador adopte en relación con los aspectos de seguridad incluidos en la solicitud, entre ellos, el plazo de vigencia de una eventual nueva autorización.
En cuanto a la independencia del regulador atómico, el voto particular, con fecha de 31 de julio, y registrado a las 13.41 horas, 24 horas después del entregado por Narbona el 30 de julio a las 12.18 horas, los cuatro consejeros insisten en que ésta debe preservarse de opiniones políticas, económicas o de coyuntura social o mediática que "no deben influir" en la toma de decisiones del regulador que, según la normativa debe ejercer sus competencias sin prejuicios, suposiciones previas, juicios de valor, criterios ideológicos o políticos.
Igualmente, recuerdan que, en caso de un dictamen favorable a la solicitud de Garoña de operar hasta que cumpla 60 años de vida útil, recuerdan que serán establecidos los "límites y condiciones de la autorización para la explotación de la central" pero que la decisión última del plazo de renovación de licencia corresponde al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
Los firmantes estiman que condicionar este previsto y necesario paso procedimental a la adopción de un posicionamiento concreto en materia de plazos para la licencia es inadecuado y supone introducir retrasos y dilaciones absolutamente innecesarios en el procedimiento, en la medida en que los requerimientos de la ITC son independientes de dicho plazo.
En la explicación de su voto, agregan que no se puede confundir el acuerdo adoptado con el pronunciamiento final del Pleno o sobre su posicionamiento sobre asuntos que tienen relación con el proceso de licenciamiento pero que no están en el ámbito de este requerimiento y que, "sin duda" tendrán que contemplarse en otro momento del proceso.
Finalmente, sobre las "apreciaciones" de que el expediente se está tramitando con "demasiada rapidez insinuando precipitación" los cuatro consejeros valoran que "están fuera de lugar" teniendo en cuenta el asunto y apostillan que "precisamente" sería "rápido y precipitado" y podría generar inseguridad jurídica "anticipar debates que están fuera del alcance de la decisión adoptada" y sobre los que no se han requerido informes técnicos.
