El Gobierno equipara a ministros de culto evangélicos con cambios en la S.S

Soraya Santamaría tras el Consejo de Ministros
EUROPA PRESS
Publicado 18/09/2015 14:17:34CET

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado este viernes, a propuesta conjunta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y del Ministerio de Justicia, un Real Decreto que modifica la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de los ministros de culto de las iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España.

"De este modo se equiparan los colectivos de ministros de culto de las iglesias evangélicas y los sacerdotes pertenecientes al clero diocesano de la Iglesia católica", según ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La modificación del Real Decreto 369/1999 del 5 de mazo consiste en hacer posible el cómputo de los períodos de ejercicio de actividad pastoral como ministros de culto anteriores a su integración en dicho Régimen General para acceder a prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia.

Asimismo, se da cumplimiento a una sentencia de Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 3 de abril de 2012 "para evitar la discriminación", ya que se declaraba que había existido una discriminación por motivos religiosos contra un pastor evangélico al no aplicarse las mismas normas que para los sacerdotes católicos.

En la fase de elaboración del proyecto se han recabado informes de los ministerios de Empleo y Seguridad Social, Justicia, Hacienda y Administraciones Públicas, así como el dictamen del Consejo de Estado y el informe de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España en el trámite de audiencia.

La Seguridad Social estima que el coste medio por pastor de culto sería de 130.600 euros por pensionista de jubilación, 207.000 euros por pensionista de incapacidad permanente y 107.000 euros por pensionista de muerte y supervivencia.

En caso de que todos los posibles afectados tuviesen derecho a una
pensión por aplicación de este Real Decreto el coste total estimado para el Sistema de la Seguridad Social sería de 16,4 millones de euros.

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