El Gobierno trabaja para que la Ley de Adopción internacional promueva el acogimiento familiar

Ana Mato
EUROPA PRESS
Actualizado 27/02/2013 19:18:08 CET

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, trabaja con el departamento de Justicia para que la Ley de Adopción internacional promueva como medida prioritaria el acogimiento familiar, según ha señalado en su comparecencia en el Congreso tras más de un año la titular del ramo Ana Mato.

Así, ha aclarado que está inmersa en la actualización de la legislación sobre la protección a la infancia y por ello, entre otros puntos, trabaja con el Ministerio Justicia en la reforma de la Ley de Adopción internacional, clarificando el marco competencial y reforzando las medidas para evitar que las adopciones internacionales generen beneficios financieros indebidos.

En este sentido, afirma que se va a promover el acogimiento familiar como medida prioritaria y, en su caso la adopción, quedando la atención residencial como medida subsidiaria para los casos que la requieran.

UN PLAN DE INCLUSIÓN SOCIAL

Frente a los altos índices de pobreza por la crisis, la titular de Servicios Sociales e Igualdad ha señalado que en las próximas semanas se presentará el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, que contendrá medidas "concretas y específicas" para luchar contra la pobreza, especialmente porque, según el último informe de UNICEF, hasta dos millones de niños viven por debajo del umbral de la pobreza.

En el ámbito comunitario aclara que se ha conseguido la dedicación de un 20 por ciento del Fondo Social Europeo al fomento de la inclusión social para la lucha contra la pobreza infantil, además de que se ha elaborado el II Plan Estratégico de Infancia y Adolescencia (2013-2015), que aprobará "en breve" el Consejo de Ministros.

Asimismo, Mato ha señalado que ha trabajado con las comunidades autónomas para la mejora de los sistemas de protección contra la pobreza y contra el maltrato infantil, reforzando los sistemas de detección, registro y notificación de casos de sospecha.

Por otro lado, considera que España necesita un pacto para coordinar las políticas y el gasto social y sanitario, precisamente porque hay muchos servicios de esta índole que se prestan por dos y hasta tres administraciones.

En materia de Dependencia, ha repetido que la Ley nación con el consenso de todo el arco parlamentario, si bien nunca ha funcionado como se preveía y por ejemplo, en enero de 2012, el sistema llevaba gastados 2.724 millones de euros más de lo inicialmente previsto con 225.000 grandes dependientes que ni siquiera se había estimado. "Nuestra voluntad ha sido poner remedio a esta situación", ha puntualizado.

De igual forma, ha comunicado que está a punto de culminar el Plan Integral de Apoyo a la Familia, con el que se va a trazar una perspectiva familiar a todas las políticas de Gobierno, aparte de priorizar la conciliación con iniciativas como los certificados de empresas familiarmente responsables o los premios nacionales de empresa flexible.

Sobre violencia de género, ha recordado que el Gobierno prepara una Estrategia nacional contra la violencia de género contra las mujeres, aunque "queda mucho por avanzar y concienciar". "Es nuestra principal batalla y tengan por seguro que este Gobierno no bajará la guardia mientras haya una sola mujer sometida al abuso y la violencia", ha agregado.

Finalmente, ha recalcado que dada la crisis económica las personas mayores se están convirtiendo en el principal apoyo de los hijos y los nietos, y con ello el Ministerio dedica ocho de cada diez euros de su presupuesto a mejorar su calidad de vida y prestarles la mejor atención posible

MEJORAR EL SISTEMA ARBITRAL DE CONSUMO

En materia de Consumo, Mato ha señalado que uno de los proyectos en los que trabaja es mejorar el sistema arbitral de consumo, a través de un decreto de arbitraje que, a su juicio, mejorará la gestión del sistema, que será más ágil, acortará plazos y disminuirá costes.

Sobre la asociación de consumidores FACUA, Mato ha reiterado que "nunca" ha existido la intención alguna de ilegalizar ninguna asociación de defensa de los consumidores, porque este tipo de decisiones corresponden a la Justicia, al mismo tiempo que los consumidores suponen una prioridad para el Ministerio.

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