El Gobierno veta una ley de PDeCAT para cuadruplicar la ayuda por hijo por aumentar el gasto en 6.000 millones

 

El Gobierno veta una ley de PDeCAT para cuadruplicar la ayuda por hijo por aumentar el gasto en 6.000 millones

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Publicado 18/04/2017 12:59:31CET

MADRID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha vetado la tramitación en el Congreso de una proposición de ley de PDeCAT que pretendía cuadruplicar la cuantía de la prestación por hijo a cargo y elevar al doble los ingresos máximos con los que se puede acceder a esta ayuda, porque supondría un aumento de gasto de más de 6.000 millones de euros para las arcas del Estado.

"La aprobación de esta proposición de ley presentada significa aumentar el gasto en prestaciones familiares de pago periódico por hijo en 6.102,22 millones de euros anuales, gasto que, tratándose de prestaciones no contributivas, seria financiado mediante aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social", apunta el Ejecutivo en el texto remitido al Congreso, al que ha tenido acceso Europa Press.

Con este escrito son ya 29 las iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos que el Gobierno del PP lleva vetadas en lo que va de legislatura, acogiéndose al precepto constitucional que le permite negar la conformidad a propuestas que supongan alteración de los presupuestos en curso, sea por merma de ingresos o por aumento de gasto.

La iniciativa, registrada el pasado mes de febrero por la antigua Convergència, busca modificar la Ley de la Seguridad Social y, más concretamente, la prestación por hijo a cargo que pasaría a denominarse "asignación económica para la crianza de los hijos". En cuanto a la cuantía, pasaría de los 291 euros al año actuales a 1.200 euros anuales.

Además, pide que esta cifra llegue a los 4.123 euros en caso de que el menor tenga una discapacidad igual o superior al 33% (en lugar de los 1.000 euros actuales), a los 18.106 euros si la discapacidad es igual o superior al 65% (frente a los 4.414 euros presentes) y a los 27.162 euros para discapacidades superiores al 75% (en vez de los 6.622 euros previstos en este momento).

UNA "IMPORTANTE" REPERCUSIÓN ECONÓMICA

Sobre estas propuestas, Moncloa advierte de que cualquier modificación o revisión de los parámetros que afecten al Sistema de la Seguridad Social e impliquen un aumento de gasto debe ser sometida al estudio de la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados, negociada con los agentes sociales en la Mesa para el Diálogo Social y aprobada mediante la ley correspondiente, en el marco de la viabilidad y sostenibilidad financiera de dicho sistema.

Del mismo modo, señala que incrementar el límite de ingresos y las cuantías de la asignación supondría una elevación de la protección social con una "importante repercusión económica y el correspondiente incremento del gasto, en un doble sentido: aumento del número de beneficiarios y del coste de la prestación".

En su proposición de ley, PDeCAT ya reconocía que sus medidas supondrían "un coste importante" pero, a su juicio, "perfectamente asumible" para España. De hecho, los independentistas catalanes defienden que el país debería aspirar, a medio plazo, a establecer una prestación universal por el cuidado de hijos menores.

YA ES UNIVERSAL

Por eso en su texto se incluye el mandato al Gobierno de redactar, en un plazo máximo de seis meses, un informe sobre cómo impactaría esta ayuda en la pobreza infantil, la pobreza en general, la natalidad, la economía y los presupuestos.

Ante este punto, el Gobierno indica que la actual asignación económica por hijo o menor a cargo "ya tiene carácter universal y no contributivo". Así, explica que las condiciones exigidas para obtener esta asignación, aparte de residir legalmente en territorio español y tener a cargo un hijo(menor de 18 años o mayor de dicha edad y afectado por una minusvalía en un grado igual o superior al 85%), consisten en acreditar que el hijo sufre la discapacidad exigida, en cuyo caso no se exige límite de recursos alguno.

"Y en el resto de los casos se reconoce cuando los beneficiarios no perciban ingresos anuales, de cualquier naturaleza, superiores a los establecidos cada año por la ley de presupuestos generales del Estado", ha concluido el Ejecutivo.

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