ZARAGOZA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Grupo contra los conciertos ha presentado este viernes, 4 de septiembre, la ampliación de su escrito de denuncia ante la Fiscalía por considerar que existen "nuevas irregularidades" en la concesión del concierto al Colegio Ánfora de Cuarte de Huerva (Zaragoza).
Así, ha aportado el documento de desestimación del recurso que presentaron el pasado 1 de julio ante el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón porque en el propio texto en el Ejecutivo de la Comunidad les informa de la no aceptación del mismo "se reconocen irregularidades en la titularidad del colegio".
Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación la abogada de este colectivo, María José Chinchilla, en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza. El Grupo está integrado por IU, CHA, STEA-i, CGT y el Movimiento Hacia Un Estado Laico(MHUEL).
Chinchilla ha subrayado que desde el Gobierno de Aragón indicaron en la desestimación que "solo les consta Ánfora Sociedad Cooperativa Aragonesa en un mero escrito" y que de ser éste el titular, se debería aportar una resolución complementaria que "a día de hoy no existe".
Por eso, el documento donde se informa de la desestimación "puede ser un elemento de la prevaricación que parece haber" en torno al caso del Colegio Ánfora.
Además, ha criticado la "acumulación de irregularidades pasadas por alto" por el anterior Gobierno autonómico y han instado a la Fiscalía "a continuar y profundizar la investigación" respecto a las nuevas pruebas que han aportado.
IRREGULARIDADES EN LA TITULARIDAD DEL CENTRO
La abogada ha manifestado que hasta julio de 2015 no existía Ánfora Sociedad Cooperativa Aragonesa por lo que todas las resoluciones dictadas a favor, como la autorización del centro en febrero o la aprobación del concierto el junio pasado, carecerían de legalidad porque dichos trámites administrativos han sido realizados a nombre de Ánfora Sociedad Cooperativa Madrileña, cuyo ámbito de actuación está restringido exclusivamente a la capital española.
Igualmente, la letrada ha aclarado que a la Administración no le consta ningún cambio en la denominación social, ni tampoco en el ámbito de actuación de esta última sociedad, porque para ello se requiere una escritura pública que no existe.
A este respecto, Chinchilla ha argumentado que en este caso la sociedad cooperativa no tiene capacidad legal para actuar en Aragón, lo que supone "una grave irregularidad" y "causa de nulidad", tanto de la autorización de apertura del centro, como del concierto, porque "uno de los requisitos es acreditar la titularidad del centro".
PROBLEMAS CON EL CONCIERTO
En cuanto al concierto del centro educativo, la abogada ha señalado "irregularidades" con los terrenos donde se está construyendo y ha expresado sus dudas acerca de la empresa constructora, AVINTIA, "vinculada con la trama Púnica", ha afirmado.
Chinchilla ha aclarado que para conceder un concierto educativo uno de los requisitos es que los terrenos donde se va construir el centro estén a nombre del titular del colegio, y "a día de hoy" la titular del centro sigue siendo Ánfora Sociedad Cooperativa Madrileña por lo que esta condición "no se cumple".
"Si se hubiese modificado esa titularidad en la Administración, se tendría que haber dictado una resolución complementaria y nueva instrucción del expediente", algo que no ha pasado, ha manifestado Chinchilla.
La letrada ha destacado que los terrenos son dos parcelas que siguen inscritas en el registro de la propiedad a nombre de una empresa privada que es la propietaria, no de la sociedad cooperativista.
Además, ha alegado que en el momento en el que "intentaron acreditar la disponibilidad de terrenos" ante la Administración, presentaron un contrato privado firmado en octubre, en el que esos terrenos se vendían por algo más de 3.800.000 euros, con la condición de que se les concediese el concierto.
Igualmente, en dicho contrato sólo aparece la firma de uno de los administradores, cuando tendrían que constar tres rúbricas, puesto que están obligados a firmar todos los socios de la sociedad anónima vendedora, que en este caso son tres. Chinchilla ha concluido que, en este sentido, no existen "garantías" para el Departamento de Educación.
Asimismo, en el Plan de Ordenación Urbana de Cuarte "esos terrenos estaban calificados como residenciales", cuando para el colegio "tendría que ser terciario o de servicios", al tiempo que "el colegio ocupa un vial público, una calle" entre las dos parcelas, ha recalcado la letrada.
Respecto a la financiación del centro, Chinchilla ha comentado que "falta la dotación presupuestaria para el Ánfora, cuando para todos los centros concertados aparece reflejada esta partida y con cargo a que presupuesto" de la Comunidad autónoma.
También ha asegurado que este caso es el único en Aragón y ha añadido que lo han intentado "cubrir" con un gasto plurianual en 2016, pero se ha preguntado "qué pasa con los gastos de septiembre a diciembre de 2015".
TJSA
La letrada ha aclarado, en cuanto a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TJSA), que este jueves decidió como medida cautelar la autorización del colegio, tras la denegación de la misma por el Gobierno autonómico el pasado 20 de agosto, que lo que se ha hecho es "suspender la eficacia" de esta última resolución del Ejecutivo por lo que se "revive la autorización provisional de febrero".
No obstante, Chinchilla se ha mostrado sorprendida por "los tiempos" en los que ha trabajado TJSA ya que el pasado día 1 de septiembre se puso la denuncia por los padres del colegio y dos días después "se ha producido la vista oral y la resolución".
Además, ha indicado que el "TSJA no puede autorizar la apertura del centro puesto que es competencia de la consejería de Educación", aunque sí puede obligar a que el Departamento lo haga.
La abogaba ha compartido la postura del Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, quien tras recibir más de 2.500 firmas presentadas por los padres del Colegio Ánfora la semana pasada, ha argumentado que "no le parece conveniente abrirlo y pide que se garantice la escolarización de los niños".
