Murillo dice que la norma corregirá decisiones arbitrarias, que discriminan a la mujer

 

Murillo dice que la norma corregirá decisiones arbitrarias, que discriminan a la mujer

Actualizado 04/03/2006 13:45:40 CET

El texto llegará en julio al Parlamento y el entrará en vigor el próximo año

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Políticas de Igualdad, Soledad Murillo, defendió hoy la aprobación de leyes que sirvan para corregir decisiones arbitrarias, como la discriminación de la mujer, en relación al anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad entre Mujeres y Hombres, que ayer aprobó el Consejo de Ministros y que finalmente incluye la reforma de la Ley Electoral para introducir la paridad (representación proporcional de ambos sexos) en todos los procesos electorales.

"Esta Ley tiene una vocación fundamental, aumentar la presencia de mujeres en los lugares de decisión y en el mercado labora, así como eliminar la discriminación", dijo en una entrevista concedida a Europa Press. En este sentido, defendió, tanto en el ámbito político como en el empresarial, el establecimiento de una proporcionalidad de representación de hombres y mujeres en un mínimo del 40 y un máximo del 60 por ciento, tal y como recoge la futura norma.

El texto entra ahora en una fase de consultas a la sociedad civil, según comentó, así como a los distintos órganos consultivos. Así, se someterá a consulta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Consejo Económico y Social (CES), Consejo Escolar del Estado y Consejo de Estado.

Las previsiones de la secretaria general son que el anteproyecto entre en el Parlamento en el mes de julio y, tras la tramitación parlamentaria, esté en vigor en 2007.

"A partir de julio, el texto entra en el Parlamento --explicó--. Otra vez los partidos políticos tienen la oportunidad de opinar mediante enmiendas sobre cualquier capítulo de la Ley o la Ley en su totalidad y, una vez que se tenga un periodo de discusión, el que sea necesario, se aprueba por las dos Cámaras. Estará en vigor el año que viene".

TRABAJARÁ POR EL CONSENSO

En este tiempo, según explicó, el Gobierno buscará complicidades, al tiempo que lanza un mensaje: "No digan que no de entrada a la Ley. Miren como estábamos, no partimos de cero, había una ley de conciliación de vida familiar y laboral y ahora hemos introducido la presencia del varón para que haya más corresponsabilidad", reclamó Murillo.

Así, aseguró que trabajarán por el consenso y escucharán "muy atentamente" todo lo que cada sector tenga que decir. "A mi me gustaría muchísimo que la Ley tuviera unanimidad porque creo que todos los partidos políticos reconocen que esta es una asignatura pendiente", insistió.

Por otro lado, la responsable de políticas de igualdad se refirió al desacuerdo mostrado por los empresarios después de que se haya introducido la obligatoriedad de negociar medidas o planes de igualdad en todas las empresas. "Los empresarios, lógicamente, no estaban de acuerdo porque la negociación colectiva es un poco su reino, algo potestativo entre sindicatos y empresarios y nosotros, como Gobierno, hemos dicho que cuando se reúnan hablen de igualdad", comentó.

A su juicio, la obligación de negociar "no es pedir demasiado", teniendo en cuenta que la UE recrimina a España el exceso de temporalidad y desempleo femenino. "Nuestra obligación es ponernos manos a la obra --subrayó--. Los empresarios nos dicen que hablan de igualdad, pero la igualdad es simplemente un valor declarativo. Cuando yo digo planes estamos hablando de objetivos, actuaciones, diagnostico y una evaluación".

EMPRESAS SIN PARIDAD, EMPRESAS "CADUCAS"

En cualquier caso, el Ejecutivo se dará un plazo de cuatro años para evaluar la eficacia de la negociación colectiva en el ámbito privado. "Es evidente que aquellas empresas que no tengan promoción de hombres y mujeres se quedarán como empresas bastante caducas y sin posibilidad de apuntarse al carro de la modernización, cuando no son democráticas en la elección del talento. Es una cosa que les vamos a decir claramente cuando expliquemos la Ley, podríamos haberlo recomendado, pero hemos elegido el deber de negociar", señaló

Igualmente, argumentó la decisión del Gobierno de no ampliar a cuatro semanas el nuevo permiso de paternidad por motivos económicos, además de que ampliar el plazo sería disuasorio para los padres trabajadores.

"Queríamos que el permiso de paternidad fuera universal, y eso significa un enorme esfuerzo por parte de Seguridad Social, calculamos que 400 millones al año", insistió.

En cuanto a la duración, advirtió de que ampliarla sería disuasorio para los padres. "Hemos valorado que en el último año optaron por el permiso de maternidad (en la actualidad los padres pueden asumir 10 de las 16 semanas de la madre) sólo 4.700 hombres, cuando se registran más de 450.000 nacimientos año --explicó--. Nos parecía que era por nuestra parte prudente que fuera una medida que fuera posible llevarse a la práctica".

Junto al de paternidad, destacó el refuerzo de la protección de la maternidad y la corresponsabilidad familiar entre hombre y mujeres. "Hasta ahora los niños, los ancianos, e incluso los señores maduros, independientes y sabios son mantenidos por las mujeres a costa de su tiempo. Hay que distribuir la carga de trabajo y, como dijo el comisario europeo de Asuntos Sociales, no podemos tratar a la mitad de la población condenándola a que nos solucione todos los problemas", sentenció.

CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR

Por ello, el texto contiene "muchísimas" medidas dirigidas a acompañar los nuevos estilos de vida, y a la mujer trabajadora sin penalizar su característica de ser ella la que puede ser madre. "Hemos acompañado también a los padres que quieran compartir el cuidado de los hijos, porque si la Ley del Divorcio contempla la custodia compartida, nuestra obligación era ahora favorecer que los padres tuvieran esa presencia en casa, tanto desde el principio del nacimiento como consecutivamente al de la madre", destacó.

El Estado se hará cargo de este permiso de paternidad y las comunidades autónomas podrán ampliarlo o no, a su criterio.

Otro de los valores destacados por Murillo en esta Ley es la transversalidad en su aplicación. Así, defendió que todos los ministerios y administraciones públicas convalidarán el proyecto. Se trata, en definitiva, de que "todos los ministerios aprovechen lo mejor de sus políticas en una acción de buen gobierno para que se legisle para el conjunto de la población".

La igualdad deberá llegar también a la Universidad, a pesar de su autonomía, lo que impide al Ejecutivo obligar a la paridad en sus órganos de representación, aunque sí se incluye esta sugerencia en el anteproyecto.

"En el momento en que la Ley salga a la calle, a todo el mundo le va a costar mucho justificar que si la Universidad está feminizada por qué los órganos del Rectorado son totalmente masculinos. Lo que queremos es colocar bajo el foco a aquellos que, creyéndose modernos, y bajo el paraguas de la autonomía, siguen practicando discriminación indirecta".

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