Piden que se incluya en la ley un Fondo Extraordinario contra la pobreza con 250 millones anuales hasta 2020
MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma del Tercer Sector y la Plataforma del Voluntariado han presentado este martes sus propuestas de enmienda a los proyectos legislativos en trámite que les competen y entre las que figura la supresión de la prohibición de realizar voluntariado a los condenados por determinados delitos cuyos antecedentes penales no hayan sido cancelados.
Así lo han explicado en un encuentro con la prensa el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato; su vicepresidente y presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno; y la presidenta de la Plataforma del Voluntariado, Mara Alar; que han incidido en que tanto el principio constitucional de la reinserción del penado como la práctica diaria de las ONG con personas rehabilitadas que ayudan a terceros desaconseja esta previsión en la ley. Además, las entidades no quieren ser "inquisidoras" de sus candidatos.
Se trata del artículo 8.5 del Proyecto de Ley del Voluntariado. Establece que "no podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos, o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos delitos".
El precepto dice que "esta circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable de no tener antecedentes penales por estos delitos" y señala a continuación, que cuando se trata de otros "relacionados con los diversos ámbitos de actuación del voluntariado o que por su gravedad impidan la consecución de los fines que persiguen los programas", serán las entidades las que decidan, ya que, como fija otro artículo del proyecto, "deberán tener especialmente en cuenta en el proceso de selección" esta circunstancia.
Las entidades temen que esta capacidad que se les atribuye implique en la práctica que no se acepten personas con antecedentes penales de ningún tipo para tareas de voluntariado. Plantean que no les corresponde a ellos juzgar esta idoneidad y recuerdan que son muchos los condenados que después, reconducen su situación ayudando a personas que se encuentran en similares circunstancias.
"Esto choca de raíz con muchas de nuestras acciones y nuestra forma de entender la sociedad", señala Alar, para quien la norma en este asunto "da un peso a las entidades un poco inquisidor" porque "más que de participación y de estructuras abiertas, las convierten en una barrera". "El hecho de que una persona haya delinquido en el pasado no la inhabilita para hacer voluntariado una vez rehabilitada", ha apostillado.
Poyato ha incidido en que "esta es una cuestión muy limitante y la deben cambiar" porque la norma implica además que "hay una parte del sector que no queda reconocido en su tarea" ya que, como ha explicado Alar, en las entidades de voluntariado hay "personas que han cometido delitos, como de drogas o de tráfico, que encuentran en el voluntariado una salida para contar su experiencia y colaborar".
250 MILLONES AL AÑO CONTRA LA POBREZA
No es la única propuesta de enmienda que las entidades se están encargando de hacer llegar a todos los grupos parlamentarios. En el proyecto de Voluntariado se pide además concreción para que "conste claramente que no se pueden amortizar puestos de trabajo con la acción voluntaria" o para que se establezca que será la contratación de un seguro la fórmula de garantizar los riesgos de la actividad del voluntario y de responsabilidad civil.
En cuanto a la Ley de Tercer Sector, se proponen cinco cambios que van desde prever la creación de un Observatorio Estatal del Tercer Sector de Acción Social que elabore informes bienales sobre la situación y evolución de este ámbito, hasta concretar la redacción prevista para dar un tratamiento fiscal favorable a las entidades de forma que se garantice que "gozarán de los máximos beneficios reconocidos con carácter general en el régimen vigente en cada momento".
Como ha explicado el presidente del CERMI, se propone además una enmienda de adición sobre recursos económicos extraordinarios de lucha contra la pobreza y la exclusión social para garantizar que en las leyes de Presupuestos Generales del Estado de los ejercicios de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020 se destine una partida de 250 millones de euros a estos fines.
Pérez Bueno justifica la adición porque ante los "devastadores efectos" en términos sociales de la crisis económica "no ha habido una contestación extraordinaria" en materia presupuestaria, por lo que se plantea la creación de un Fondo con cargo al Estado que en el periodo 2016-2020 "amplíe lo que se gestiona con el 0,7% del IRPF" para poder "dar esa respuesta extraordinaria que se necesita".
Para las entidades, ambos proyectos son positivos, pero tienen así "recorrido de mejora". En todo caso, la mayor preocupación para ambas plataformas son los plazos, dado que "quedan pocos meses de legislatura y mucha presión de normas". "Queremos que haya agilidad porque no sería admisible que tras todo este esfuerzo se quedaran sin aprobar por falta de tiempo", ha señalado
