MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Plataforma Stop Maltrato Infantil ha organizado una concentración a las puertas de la Fiscalía General del Estado para el próximo jueves para denunciar "la grave desprotección jurídica" de los menores que viven en contextos de violencia de género, dado que han solicitado reunirse con este organismo y no han recibido una respuesta.
Según informa esta organización, "los poderes públicos, entre ellos el propio Ministerio Fiscal, no sólo no defienden a los menores abusados y maltratados ni, por supuesto, al interés superior de estos menores, sino que les arrebatan cualquier atisbo de dignidad" por "su condición tácita de ciudadanos de segunda".
"El Estado español, el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, por medio de la utilización más vil de sus instrumentos ejecutivos, no sólo no ampara a los menores abusados, sino que persiguen a sus madres si 'osan' poner de manifiesto tales abusos y acaban separando a dichos menores de sus madres y poniéndolos a disposición de su padre y abusador y/o maltratador", asegura la plataforma.
La organización basa sus afirmaciones en el resultado de once casos en los que, en su opinión, la Justicia ha fallado a los menores. La plataforma dio cuenta de todos ellos en un escrito dirigido al Fiscal General del Estado en el que solicitaban una reunión de urgencia para abordar la situación y para el que, afirma, no se ha obtenido respuesta.
Uno de estos casos es el de Isaac y Amanda, dos jóvenes con una discapacidad del 25% y el 60%, respectivamente. "En cuanto su hijo nació les fue sustraído a Isaac y Amanda en el Hospital por una resolución de desamparo no fundamentada en ningún tipo legal. El menor pasó a manos de una familia de acogida no relacionada con la familia de los padres e integrada por dos ancianos", según expone la Plataforma.
La organización afirma que no ven al menor desde que nació, hace casi dos años y explica que la pareja tuvo después una niña, pero decidió "escapar de Cataluña y de sus temerarios servicios sociales para que no les fuera arrebatada" y ahora "viven en situación de prófugos como si hubieran cometido algún delito".
Otra de las situaciones que describe es la de Nathalia, una pediatra de profesión. El departamento de menores catalán entregó la guarda administrativa de su hija de cuatro años al padre, imputado por violencia de género sin imponer régimen de visitas, aunque la niña sólo había convivido con la mujer desde su nacimiento. Aunque en segunda instancia ella consiguió la custodia, se declaró igualmente el desamparo de la menor.
También figura la historia de Pepi, madre de un niño de 3 años y una niña de 6, quien le dijo que su padre le había pedido que le tocase los genitales. "Tras llevarla al Hospital del Niño Jesús en Madrid, y siguiendo las instrucciones del médico, denunció el caso ante la fiscalía del Estado. El juzgado, sin embargo, no adoptó medida cautelar alguna", denuncia la organización.
Según explica, el padre solicitó la custodia de los menores y el equipo psicosocial del juzgado hizo un informe analizando el núcleo familiar, en el que ponía que recomendaba la custodia materna en exclusiva. No se dio credibilidad a la menor y en un juicio rápido del que la madre no tenía notificación, le fue retirada temporalmente la custodia y entregada al abuelo paterno, que convivía con el padre. Una semana antes, un juzgado de lo Civil le había otorgado a ella este régimen.
"Estas conductas deben ser objeto de investigación urgente y de reproche penal, y por ello solicitamos la actuación urgente de la Fiscalía General del Estado, en concreto del Fiscal General del Estado, así como de los Organismos Internacionales", decía en el escrito que remitió a Eduardo Torres Dulce la Plataforma Stop Maltrato Infantil.
