Las primeras estimaciones de los técnicos cifran en 5.500 las hectáreas afectadas por el incendio en Castellón

Actualizado 31/08/2007 23:27:46 CET

CASTELLÓN/MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las primeras estimaciones tras las medidas realizadas por los técnicos de la Conselleria de Medio Ambiente cifran en 5.500 hectáreas la superficie afectada por el incendio que se declaró en el municipio castellonense de Les Useres el pasado martes, "aunque la cifra exacta se proporcionará en los próximos días", según explicó este viernes en rueda de prensa el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, que ofreció los últimos datos de extinción junto al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

Según dijo, "el perímetro es amplio e incluye muchas zonas con vegetación y cultivo que no han sido afectadas". Asimismo, señaló que el 7 por ciento de la superficie afectada es arbolado, mientras que el 93 por ciento restante es matorral y monte bajo. "El hecho de que otro incendio afectase a esta misma zona hace unos años hace que el arbolado y pinar calcinados sea de 500 hectáreas", añadió el conseller.

Castellano dijo que la situación en estos momentos "sigue siendo la misma que a las 8.30 horas, pues no hay llamas ni fuego, aunque los medios siguen refrescando la zona y el incendio todavía no puede darse por controlado".

El conseller destacó el "importante" despliegue de medios que están trabajando en la extinción del fuego, con 422 personas, 60 autobombas, 20 medios aéreos (ya se han retirado seis medios aéreos de las comunidades autónomas), 28 brigadas y cuatro secciones de la Unidad Militar de Emergencias.

"Las labores de extinción se centran en seguir intensificando el enfriamiento de la zona, trabajos que continuarán en los próximos días", resaltó Castellano, quien dijo que hay dos aviones "cargados permanentemente que sobrevuelan el perímetro por si hubiese que atacar de inmediato puntos calientes".

Serafín Castellano anunció que el próximo lunes el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, se reunirá en la Casa del Caragols con los alcaldes de los municipios afectados para concretar los daños y las ayudas aprobadas hoy por el Consell. También comentó que solicitará a petición propia la comparecencia en al comisión de Gobernación de las Corts "para poder dar cuenta pormenorizada y con exactitud de los detalles relacionados con la extinción del incendio".

AYUDAS

El Gobierno central aplicará el Real Decreto Ley que el Consejo de Ministros aprobó el 3 de agosto y que contenía un conjunto de medidas para la reparación de los daños ocasionados por los incendios ocurridos en la Comunidad Autónoma de Canarias durante los últimos días del mes de julio y los primeros de agosto.

"Estas medidas se pueden ampliar a otros incendios de características similares que hayan acaecido o puedan acaecer en la misma o en otras comunidades autónomas desde el 1 de marzo hasta el 1 de noviembre de 2007", explicó el ministerio de Medio Ambiente mediante un comunicado.

Las medidas contenidas en el Real decreto ley aprobado a principios de agosto por el Consejo de Ministros tenían aplicación a las personas y bienes afectados. Los términos municipales y núcleos de población de aplicación dichas medidas se determinarían por Orden del Ministro del Interior.

En cuanto a las infraestructuras locales, se financiaban las obras de reparación o restitución de todo tipo de infraestructuras, equipamientos y servicios de titularidad municipal, de las mancomunidades, así como de la red viaria de los Cabildos Insulares, hasta un 50 por ciento de su coste.

Por su parte, las ayudas para daños en producciones agrícolas y ganaderas estaban dirigidas a compensar las pérdidas sufridas siempre que fueran superiores en un 20 por ciento de su producción. Destacan también en el Real decreto las indemnizaciones destinadas a cubrir los gastos para la alimentación de los animales como consecuencia de la destrucción de pasto.

BENEFICIOS FISCALES

En el capítulo de beneficios fiscales se incluyó entonces la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al ejercicio 2007 para viviendas, establecimientos industriales y mercantiles, explotaciones agrarias y locales de trabajo, cuando los daños hubieran obligado al realojamiento total o parcial de personas o bienes. Asimismo, contemplaba una reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas proporcional al tiempo de paralización de la actividad para las industrias.

También se preveía supresión de las tasas de tráfico aplicables a la tramitación de bajas de vehículos y de expedición de duplicados de los permisos de conducir o de circulación, cuando se soliciten como consecuencia de estos siniestros. Se habilitó al Ministerio de Economía y Hacienda para que redujesen los módulos de las actividades agrarias, a efectos de la determinación de la cuota del IVA y el IRPF.

En el caso de suspensiones o extinciones de contratos de trabajo por incendio, el empresario quedaría exonerado de abonar las cuotas a la Seguridad Social mientras durase la suspensión del contrato y, en el segundo caso, las indemnizaciones por despido correrán cargo del Fondo de Garantía Salarial.

Asimismo, las empresas y los trabajadores por cuenta propia obtendrían una moratoria de un año en el pago de las cuotas de la Seguridad Social, correspondientes a los tres meses naturales inmediatamente anteriores al siniestro.

AYUDAS DE EMERGENCIA

También en el caso de Canarias se tuvo en cuenta la concesión de ayudas personales por daños en la vivienda habitual y enseres de primera necesidad, así como de subvenciones a Corporaciones Locales por emergencia.

Además, si los incendios hubieran producido la destrucción total de la vivienda, sus propietarios, arrendatarios o usufructuarios podrían obtener una ayuda que les permitiese realojarse en una vivienda en régimen de alquiler durante un período máximo de 24 meses prorrogables hasta que fuera posible la reconstrucción de la vivienda.

Asimismo, los propietarios podrían ser beneficiarios de una ayuda económica para su reparación, rehabilitación y reconstrucción, que no podría ser superior al 50 por ciento del valor de los daños producidos en la vivienda.

Por otra parte, se puso entonces en marcha una línea de préstamos en el Instituto de Crédito Oficial, por importe de 25 millones de euros, para que los afectados pudieran atender la reparación o reposición de instalaciones y vehículos que se hubieran visto inutilizados.