Profesionales por la Ética afirma que la Ley de la Muerte Digna es un "riesgo para la vida"

Actualizado 10/06/2009 20:59:33 CET

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El colectivo Profesionales por la Ética criticó hoy que el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, que fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno andaluz, es un "riesgo para la vida y una intromisión en la libertad profesional de los médicos".

Así, la entidad destacó en una nota que se trata de un "paso más" en la "ilegítima pretensión de introducir en España un inexistente derecho a la muerte, rechazado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional".

Además, indicó que "vulnera" los principios de la Recomendación del Consejo de Europa 1418 (1999), según la cual "el deseo de morir de un enfermo terminal o una persona moribunda no puede, por sí mismo, constituir una justificación legal para acciones dirigidas a poner fin a su vida".

"No responde a ninguna necesidad real de proteger la dignidad del paciente al final de su vida puesto que las normas jurídicas y deontológicas en vigor ya la tutelan satisfactoriamente, conciliando equilibradamente la libertad moral del paciente, las obligaciones éticas del sanitario y los derechos de las instituciones religiosas asistenciales", afirmó.

Igualmente, lamentó que propone prácticas sanitarias que "contravienen el artículo 143.4 del Código Penal: la suspensión indebida de tratamientos básicos de soporte vital como la ventilación mecánica".

Además, "se instrumentaliza al médico que se convierte en ejecutor legal de la voluntad del paciente de suicidarse, no respetando debidamente el derecho constitucional del personal sanitario a la objeción de conciencia", criticó.

Por otro lado, advirtió de que "se abre la vía a la intromisión en la intimidad del paciente mediante la creación de Comités de Ética Asistencial, cuyos miembros podrían ser elegidos arbitrariamente de acuerdo con criterios ideológicos y no exclusivamente técnicos", así como "se vacía de contenido la libertad constitucionalmente garantizada de las instituciones religiosas asistenciales, que no podrán actuar conforme a sus principios éticos y religiosos, al obligarles a ser cooperadores obligados de pacientes que buscan el suicidio".

Por último, apostilló que "se utiliza un lenguaje claramente manipulado y manipulador de los sentimientos y emociones en relación con un momento vital tan importante como la muerte de una persona".

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