MADRID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha asegurado que la reforma de la Ley de Dependencia que aprobó el Gobierno en julio de 2012 ha tenido "efectos devastadores", tras un año de la aprobación del texto.
Según los portavoces de la organización, la medida ha "consolidado la dinámica de destrucción paulatina del sistema" y ha "impactado" en las personas dependientes "impidiendo su acceso al sistema o expulsándolas del mismo".
Así, han acusado al Gobierno de "hacer un alarde de manipulación de datos sin precedentes" y de ofrecer información "mentirosa" cuando afirma que el número de desatendidos por los servicios sociales de atención a la dependencia bajó en más de 25.000 personas entre enero y julio de este año.
En este sentido, destacan que se trata únicamente de una "verdad a medias" y critican que el Gobierno no ofrezca los datos relacionados con la evolución del número de personas atendidas por estos servicios y que, según han indicado, "no solo ha permanecido más o menos constante, sino que se reduce sistemáticamente en lo que va de 2013".
En la misma línea, señalan que la explicación de la reducción en 100.000 personas desatendidas que el ministerio afirma haber logrado proviene de "aquellos a quienes se cercenó el derecho a atención" y de los que han muerto "sin haber sido atendidos por el sistema".
Por otra parte, aseguran que la reforma impulsada por el Gobierno ha supuesto la reducción de las prestaciones económicas de las 400.000 personas atendidas por el sistema y que 158.830 cuidadores familiares hayan dejado de cotizar a la seguridad social por la labor que realizan, también ahora, "pero sin ninguna cobertura".
También apuntan a una reducción, no solo de las personas desatendidas, que relacionan con un descenso de las personas con derecho a las prestaciones, sino también de las personas atendidas. En este sentido, señalan que de enero a julio de 2013, el sistema de atención a la dependencia se ocupa de 7.173 personas menos.
Por último, han criticado la supresión de los niveles convenidos de financiación a las Comunidades Autónomas para la atención a personas dependientes y aseguran que la ley "dilata los plazos hasta la desesperación" e influye en la destrucción de empleo del sector de servicios.
