MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La delegación socialista en el Consejo de Europa ha trasladado este martes al Comisario de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, su oposición "frontal" a las llamadas devoluciones en caliente en las vallas de Ceuta y de Melilla que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere legalizar por ser "antidemocrática e inconstitucional".
Muiznieks visitó recientemente la valla de Melilla y habría transmitido su preocupación a la reforma de la Ley por lo que puede suponer "el inicio de la destrucción del sistema de asilo europeo", según ha asegurado el PSOE en un comunicado.
El comisario europeo, a petición propia, se ha reunido con la delegación española representada en el Consejo de Europa para transmitir sus impresiones tras su visita a España. A la reunión han asistido los diputados socialistas Soraya Rodríguez y Álex Sáez y el senador Arcadio Díaz Tejera.
La delegación socialista ha criticado la reforma legislativa por hacerse mediante la presentación de una enmienda a la ley de seguridad ciudadana para cambiar la Ley de Extranjería y la ha calificado de "inasumible, antidemocrática e inconstitucional". Además, han subrayado que "cuenta con la oposición de la mayoría de las fuerzas políticas en el parlamento español".
Para los socialistas, la reforma para legalizar las denominadas devoluciones en caliente, "es contraria a la Ley de Asilo española y a los Convenios Internacionales de los que España forma parte".
Además, el PSOE ha señalado que entra en conflicto con la Convención de Ginebra y el Convenio Europeo de DDHH, "vulnerando el derecho de audiencia de los emigrantes, el derecho a ser escuchados y alegar su situación de refugiados", además de vulnerar la Ley de Extranjería y el Tratado de Readmisión con Marruecos de 1992.
"De salir adelante esta reforma y hasta que fuera declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional, generaría indefensión y una grave inseguridad jurídica", han advertido los socialistas.
En este sentido, el PSOE ha recordado que en España juristas, constitucionalistas, jueces y magistrados se han manifestado "en contra" de esta modificación legislativa que, según los socialistas "intenta eludir los dictámenes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, que serían muy críticos con la forma y con el fondo".
