Todas las víctimas de trata tendrán asistencia jurídica gratuita a partir de 2014

Operación contra red de explotación sexual
EUROPA PRESS
Actualizado 17/12/2013 20:59:10 CET

MADRID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Todas las víctimas de trata tendrán asistencia jurídica gratuita a partir de 2014, según consta en el IV Informe de Seguimiento del Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual para 2012, que la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha presentado este viernes y del que ha tomado conocimiento el Consejo de Ministros.

De este modo, la medida, propuesta por Sanidad y aceptada por Justicia, según han explicado a Europa Press fuentes del departamento que dirige Mato, supondrá que a partir del próximo año cualquier víctima estará acompañada desde el principio por un abogado sin tener, como hasta ahora, que acreditar que no tiene ingresos. El Gobierno tiene previsto aprobar en diciembre un nuevo Plan de Trata, ya que el actual, que data de 2009, finaliza este año.

El informe detalla también que durante 2012 se han realizado 2.201 Inspecciones Administrativas de lugares de prostitución. De ellas, un 38 por ciento se han realizado en zonas urbanas; un 32 por ciento, en áreas rurales; y un 30 por ciento en el extrarradio de ciudades y polígonos industriales.

En total, han sido detectadas 12.305 personas en situación de riesgo, mayoritariamente mujeres, identificándose una media de seis personas en riesgo por cada inspección y un 73 por ciento de las personas en situación de riesgo están en clubes de alterne con plaza.

Así, se han llevado a cabo 239 Atestados policiales (55 de Trata con fines de explotación sexual y 184 de Explotación sexual) y se ha actuado contra cuatro organizaciones criminales y dos grupos criminales vinculados con la trata, así como contra cinco organizaciones criminales y 19 grupos criminales relacionados con la explotación sexual.

Como resultado, se han registrado 566 detenidos, 195 por trata de seres humanos y 371 por explotación sexual. Los detenidos por trata son principalmente de nacionalidad rumana (46 por ciento), seguidos de la española (23 por ciento) y nigeriana (10 por ciento). Los detenidos por explotación sexual proceden mayoritariamente de España (46 por ciento), China (17 por ciento) y Rumanía (14 por ciento).

"Ha bajado el número de organizaciones criminales y de grupos (respecto a 2011), lo que refleja las dificultades crecientes de actuar contra las mafias que operan en España, y que nos obliga a todos a ser mucho más rigurosos, y así procuraremos serlo", ha subrayado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

RUMANÍA, BRASIL Y PARAGUAY

En definitiva, han sido identificadas 976 víctimas, 125 por trata con fines de explotación sexual y 851 por explotación sexual. El informe apunta también que el perfil mayoritario es de mujeres entre 18 y 22 años, en situación administrativa irregular y que proceden de Rumanía y Paraguay (27 por ciento, respectivamente) y Brasil (10 por ciento). Además, han sido identificadas 21 víctimas menores de edad, seis por trata y 15 de explotación sexual.

Del total de víctimas, 377 se encontraban en situación irregular y 81 aceptaron acogerse al periodo de restablecimiento y reflexión, de los que se concedieron un total de 60 y se denegaron 11. Por otra parte, se han concedido 66 autorizaciones de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales (55 provisionales y 11 definitivas).

Respecto a la asistencia a las víctimas, se ha subvencionado a 40 organizaciones especializadas, que cuentan con 49 alojamientos con 250 plazas, de las cuales 18 son para menores, así como otros recursos de atención ambulatoria, unidades móviles y líneas telefónicas.

De este modo, a través de los diferentes sistemas de acercamiento de las posibles víctimas, en 2012 se contactó con 34.532 mujeres en situación de riesgo, de las que se atendió a 5.989. De ellas, en 1.317 se ha detectado situaciones de trata y se han formalizado 192 denuncias. Sáenz de Santamaría ha destacado también que se han producido las primeras condenas con la nueva tipificación del delito, "mucho más rigurosa" que en anteriores legislaciones. En 2012, la Administración General del Estado gastó 4,9 millones de euros en la ejecución de las medidas del Plan.