La médica de cabecera confirma que la acusada de sedar a nueve bebés llevaba en tratamiento psiquiátrico desde hacía años
VIGO, 30 May. (EUROPA PRESS) -
Una funcionaria de la Consejería de Trabajo y Bienestar ha explicado, en la tercera sesión del juicio que se sigue en Vigo contra N.V.G., la excuidadora de la guardería La Camelia acusada de sedar a nueve bebés, que el aula en la que trabajaba la mujer --un recinto desdoblado dentro del aula de niños de cero a un año-- carecía de autorización administrativa cuando acudió a realizar una inspección el 15 de marzo de 2010, pocos días después de las intoxicaciones.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogió este miércoles las declaraciones de esta inspectora de la Xunta, de la médica de cabecera de la acusada y de varias pediatras que estaban de urgencias cuando ocurrieron los hechos, las cuales atendieron a los niños intoxicados. La funcionaria ha indicado que, para conseguir una autorización para el aula, en primer lugar el centro tenía que solicitarla y después presentar documentación y someterse a una inspección.
Entre otros aspectos, ha concretado que a la hora de pedir el permiso, la guardería tiene que justificar qué persona trabajará en las nuevas instalaciones, aportar su nombre y apellidos, su titulación y un certificado médico relativo tanto a enfermedades infecto-contagiosas como sobre salud mental, entre otros datos.
Así, ha explicado que en la inspección que realizó el 15 de marzo de 2010, el lunes siguiente a las primeras hospitalizaciones de bebés, que fueron el viernes 12, se detectó que "no había pedido autorización de ningún tipo". Además, explicó que ese día la acusada "ya había sido despedida", pues en la guardería le dijeron que "había habido una incidencia" y que en una reunión de educadores se había prescindido de los servicios de la última en llegar al centro.
En todo caso, esta mujer explicó que el nuevo recinto "no se puede abrir sin autorización" ni tampoco aunque se haya solicitado y se esté a la espera del permiso. También indicó que el certificado de capacidades físicas y psíquicas de los educadores es un requisito que se comprueba anualmente, pero recordó que cuando acudió a la guardería la acusada ya no trabajaba allí.
INFORME
Asimismo, indicó que ella había confeccionado informes --es a quien le corresponde emitir la propuesta de sanción pero no la apertura del expediente sancionador-- y que, al haber una investigación policial, dejaron el asunto en manos de la consejería, por lo que desconocía qué había ocurrido con el proceso. En todo caso, explicó que si a los pocos días de la inspección se presenta la solicitud para el recinto "es probable" que finalmente "no haya sanción".
Sobre el aula de bebés, recordó que ese día ya estaba "precintada" por la Policía Judicial y que no pudo entrar en ella. En lo que respecta a la ratio de niños por clase, que de cero a un año es de 8, destacó que había "14 matriculados" en esa edad, que estaban en un aula desdoblada en dos partes --en una de las cuales estaba la acusada y en la otra parte otra educadora--. En ese sentido, la defensa de la guardería apuntó que si se consideran dos aulas, y no una con dos partes, se estaría dentro del ratio, con 7 bebés en cada una.
MÉDICA DE CABECERA
Por su parte, la médica de cabecera de N.V.G. confirmó que ésta llevaba en tratamiento psiquiátrico desde 2006 y que le eran recetados medicamentos como alapryl y trankimazin, siendo las benzodiacepinas el principio activo del segundo de los fármacos. Según indicó la facultativa, el efecto de este último medicamento, indicado para las crisis de ansiedad, es "rápido" y de "corta duración".
Sobre la ruptura de las pastillas, puesto que la acusada justificó en su día que se le hubiesen encontrado mitades porque se le pudieron haber roto los comprimidos, indicó que pese a que son "fáciles" partir y tienen una muesca con ese objetivo, no deberían "romperse" solos.
PEDIATRAS
Este miércoles también compareció en el juzgado la pediatra que estaba de urgencias cuando acudió el primero de los niños intoxicados --que estuvo en la UCI y que permaneció ingresado cinco días-- y quien manifestó que una sobredosis de benzodiacepinas puede provocar secuelas e incluso "la muerte". En el caso de ese bebé, destacó que "estaba mal, pero no para que se produjese una muerte inminente si no se actuaba en ese mismo momento".
También declaró que el resto de niños que llegaron a urgencias el día 12 de marzo presentaban los mismos síntomas que el primero, pero con menor intensidad, si bien ella no había sido quien los atendió.
La pediatra, que aseguró que el trankimazín "nunca" es para suministrar a bebés, puntualizó que los síntomas de somnolencia y la falta de estímulos con los que llegó el menor "muy raramente" pueden confundirse con los efectos que produciría un consumo excesivo de paidoterín --medicamento para el catarro--, cuestión por la que le preguntó el abogado defensor de la acusada. En ese sentido, ella explicó que, aunque el paidoterín pueda provocar somnolencia, "nunca el estado es similar" al del otro caso.
Esta mujer, que también era en aquellos momentos la pediatra de consulta de ese menor, explicó que, tras ser tratado y haber eliminado los tóxicos de su organismo, el niño no presentó ninguna secuela.
Por su parte, la pediatra que estaba de guardia el sábado 13 de marzo de 2010 y que atendió a seis bebés, uno llevado porque los padres detectaron síntomas como somnolencia y poca reactividad y otros cinco que fueron trasladados por sus progenitores al haber sido avisados de la intoxicación por la Policía, explicó que los niños quedaron ingresados de manera "preventiva" pero "necesaria".
Esta mujer explicó que ya había atendido el 22 de febrero a uno de esos bebés, una niña, que había acudido con síntomas como un excesivo llanto y por estar "muy torpe". Ese día la menor quedó en observación pero no se le hizo ninguna analítica, si bien, una vez que ahora se conocen las intoxicaciones ocurridas el 12 de marzo, precisó que "los síntomas coinciden".
