Imputadas seis personas por un presunto delito urbanístico en Chiclana de la Frontera (Cádiz)

 

Imputadas seis personas por un presunto delito urbanístico en Chiclana de la Frontera (Cádiz)

Actualizado 16/07/2009 19:43:22 CET

CÁDIZ, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía de Cádiz dio por finalizada otra investigación sobre presuntos delitos sobre la ordenación del territorio, falsedad documental y una posible estafa en Chiclana de la Frontera (Cádiz) que culminó con la imputación y detención de seis personas.

Según indicó la Junta en un comunicado, a principios de año, la Policía recibió instrucción del Juzgado Mixto Número Uno de Chiclana para la investigación de unas construcciones en el denominado Pago El Lío de Chiclana, en suelo no urbanizable.

Tras la constatación de los hechos y el estudio ortofotográfico de varios años, los agentes verificaron que la evolución constructiva real de la parcela no coincidía con la declaración de ampliación de obra nueva en el Registro de la Propiedad.

Así, la Policía detectó que sobre la parcela original se realizó inscripción en el registro de una ampliación de obra nueva en régimen de propiedad horizontal en el año 1999 y posteriormente dos ampliaciones más que no se corresponden con las imágenes aéreas.

Tras las indagaciones oportunas y varias declaraciones de testigos, que avalaron la presunta comisión de los delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental, se imputó a un constructor y a cuatro promotores por los mismo delitos anteriores.

La forma de proceder consistía en realizar diversas operaciones y así, de una parcela inicial en donde podría existir una pequeña construcción, obtenían tres parcelas separadas físicamente con una vivienda en el interior cada una, amparadas por certificados de antigüedad.

Dicha ampliación, que no se corresponde con la realidad, venía albergada por un certificado de antigüedad de más de cuatro años del arquitecto técnico A.M.S., y así se logra eludir la infracción urbanística grave. Una vez identificado y localizado el arquitecto se le imputa un delito de falsedad documental.

La trama no se queda ahí, ya que una vez superados esos trámites, se procede a la venta de las parcelas con las casas terminadas bajo aparente legalidad, lo que conlleva un negocio no poco lucrativo.

Otra particularidad es que para la venta de las parcelas construidas se solicitaron préstamos hipotecarios que, al parecer, fueron solicitados cuando aun no había construcción alguna sobre el terreno. Por ello, las tasaciones para los préstamos las realizó el mismo arquitecto que aportó el certificado de antigüedad en la declaración de ampliación de obra nueva citada con anterioridad.

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