Juzgan a un promotor inmobiliario que ocultó la hipoteca de una casa

Actualizado 03/07/2012 11:50:41 CET

SANTANDER, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El fiscal pide dos años de cárcel por un delito de estafa para JM.R.T, un promotor inmobiliario que vendió una vivienda en Santa Cruz de Bezana ocultando a la compradora que sobre la casa pesaba un hipoteca.

El hombre aseguró a la compradora, E.C., que la vivienda estaba libre de cargas y que la hipoteca de 87.000 euros se encontraba satisfecha, pendiente únicamente de formalizar la cancelación.

Por ello, la mujer adquirió el inmueble, para lo que solicitó un préstamo de 96.000 euros y, posteriormente, la entidad bancaria con la que el acusado había concertado la hipoteca sobre la vivienda, le reclamó el pago de la misma pues no era cierto que estuviera cancelada.

Según el escrito de Fiscalía, los hechos ocurrieron en septiembre de 2007 cuando el acusado, que era único administrador de la empresa Porticadas Mompía se sirvió de un comercial "con nula capacidad de decisión" para vender a E.C., una vivienda de la Urbanización Porticadas de Mompía que, según le dijo, estaba libre de cargas.

A juicio de la Fiscalía, E.C. fue "inducida a error" lo que sirvió para que, creyendo que la carga estaba cancelada, comprara la vivienda, pidiendo un crédito de 96.000 euros, cuando "lo cierto" era que sobre el inmueble pesaba una hipoteca.

ACUSACIONES

Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito de estafa, por el que pide dos años de prisión.

Además, reclama que, en concepto de responsabilidad civil, se anule el contrato de compraventa del inmueble y se indemnice a la compradora con 87.000 euros más los gastos judiciales que resulten acreditados por la reclamación realizada.

La acusación particular, que representa a la compradora, considera que el acusado cometió un delito de estafa o, alternativamente de apropiación indebida.

Además, mantiene que concurre la circunstancia de agravación específica referido a la "gravedad cuantitativa".

Por ello, pide para JM.R.T. una pena de tres años, seis meses y un día de prisión y una multa de 2.700 euros.

En casi de que se considere que existió un delito de apropiación indebida pide la misma pena.

Además, la acusación particular reclama que el acusado indemnice a E.C. con la cantidad que resulte para cancelar de forma definitiva la carga hipotecaria, por importe de 87.000 euros más los intereses, gastos de cancelación, gastos judiciales, entre otras cargas, para liquidar esa deuda.