El Congreso rechaza el veto de CiU a la Ley de la Administración electrónica

 

El Congreso rechaza el veto de CiU a la Ley de la Administración electrónica

Actualizado 01/03/2007 19:02:44 CET
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MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso rechazó hoy una enmienda de totalidad presentada por el Grupo Catalán (CiU) contra el proyecto de Ley para el acceso electrónico de los ciudadanos a las administraciones públicas. La propuesta de veto de los nacionalistas catalanes sólo recibió el apoyo de 10 diputados, mientras que 286 votaron en contra y 7 se abstuvieron. El texto seguirá ahora su tramitación en la Cámara Baja.

El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, indicó en su defensa del proyecto que no comparte "las consideraciones de CiU", principalmente en materia de competencias y financiación. Respecto a las competencias aseguró que "la ley se elaboró desde el principio con la máxima participación de ciudadanos, comunidades autónomas, entes locales, agentes sociales y sector empresarial" y afirmó que "aunque afecta a todas las administraciones públicas, es escrupulosamente respetuosa con las competencias de cada una de ellas".

En cuanto a financión, Sevilla dijo que, aunque la ley implica "una inversión", ésta está ya prevista en los presupuestos y aseguró que, aunque "se negoció una fecha de entrada en vigor, en el caso de las CCAA y entes locales, se deja que el cumplimiento de esta obligación dependa de la disponibilidad de presupuesto de cada CCAA".

El ministro afirmó también que la Adminitración General del Estado "se hará cargo de las prestaciones de servicios comunes para reducir el esfuerzo presupuestario" de las comunidades.

CiU reconoció que "comparten el fin y los objetivos" del proyecto de ley pero aseguraron que "han sido demasiado explícitos, el texto va más allá y entra en detalles que no le corresponden" en las competencias de las CCAA. Además, CiU aseguró que no respeta el mínimo común normativo del artículo 111 del Estatuto de Cataluña. El grupo parlamentario catalán aseguró que ellos "fueron impulsores de la Administración electrónica" pero insistió en que el Estatuto da a la Administración de la Generalitat "plenas potestades de organización y gestión de sus servicios públicos", algo que, según ellos, no respeta este proyecto de ley.

El Grupo Parlamentario de CiU presentó la enmienda de devolución al Gobierno del texto al entender que el proyecto de Ley "impone" un determinado modelo de e-Administración, a través de una legislación "demasiado detallada", que, según los nacionalistas catalanes, representa una "extralimitación" de las competencias del Estado. Asimismo, critican que la memoria económica que acompaña al proyecto "no destine los recursos necesarios para su financiación".

Además, CiU presentó la enmienda, según su exposición de motivos, porque la futura ley "pretende legislar aspectos que están ya resueltos desde un punto de vista normativo en leyes aprobadas con anterioridad, como la firma electrónica". A juicio del grupo, el proyecto de ley "debería regular únicamente un mínimo común normativo en materia de derechos básicos de los ciudadanos" y fijarse las "condiciones mínimas de interoperatividad" para facilitar que los sistemas de información tengan capacidad para compartir datos.

"El Estado tiene competencias para establecer las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento común, pero no para configurar un modelo determinado de Administración electrónica, ya que vulnera las competencias exclusivas de autoorganización de las Comunidades Autónomas y Entes Locales", recuerda CiU. A juicio del Grupo, para que el Estado garantice la igualdad del ciudadano en el ejercicio de sus derechos, es "innecesario especificar con carácter básico y con un excesivo nivel de detalle, las medidas que van a adoptar las Administraciones Públicas para su efectivo cumplimiento", aseguran.

En este sentido, califican el proyecto de "imposición" de un determinado modelo de e-Administración y argumentan que el vigente Estatuto de autonomía de Cataluña "le otorga la competencia exclusiva en materia de régimen jurídico y procedimiento de las Administraciones públicas catalanas".

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