Gobierno abre la puerta a que los operadores puedan avisar a los usuarios si descargan contenidos protegidos

   El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, explicó hoy que el Gobierno está estudiando cómo mejorar la protección de la propiedad intelectual en Internet y no descartó introducir reformas legales para que los operadores de telecomunicaciones puedan mandar avisos a los usuarios si descargan contenidos protegidos, siguiendo el ejemplo de Francia.

   En estos momentos, la legislación española establece que para realizar este tipo de actuación o desconectar a los internautas que realicen actividades ilícitas "hay que pasar por el juez", recordó el secretario de Estado.

   Al ser preguntado por si esto seguirá siendo así en el futuro o se dará a los operadores el poder de cortar el servicio, Ros explicó que hay que estudiar "si se establecen procedimientos de comunicación a los usuarios, porque antes de cortar hay toda una serie de medidas que se pueden llevar a la práctica como informar o comunicar".

   "Estamos analizando todas esas opciones para ver cuáles son las más adecuadas para poner en marcha en este sector", señaló el secretario de Estado al término de la reunión de ministros de Telecomunicaciones de la UE.

   Resaltó que es necesario garantizar una "seguridad adecuada" de los derechos de los creadores y que al mismo tiempo los internautas "tienen que tener unas libertades de uso que también hay que respetar". "El equilibrio nos parece que se puede conseguir", aseguró.

   En todo caso, dijo que es necesario adoptar una solución a nivel de la UE porque las soluciones individuales "no tienen posibilidades de llevarse a la práctica". "Lo que estamos todos es, teniendo en cuenta la gran cantidad de información que se intercambia, ver cuál es la mejor manera de proteger los derechos de los usuarios sin entrar en cercenar los derechos de los usuarios a la privacidad y al uso de Internet", concluyó.

   El Consejo de Telecomunicaciones aprobó la reforma del sector y dejó fuera una enmienda aprobada por el Parlamento en la que se exigía que cualquier decisión de cortar la conexión a un usuario que se descargue contenidos protegidos debía pasar por un juez. Ello significa que, de momento, cada Estado miembro puede seguir aplicando la legislación nacional. El texto debe pasar todavía por la segunda lectura de la Eurocámara.