MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -
El 'número dos' del empresario Ángel de Cabo, Iván Losada, ha asegurado este martes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que tras la compra del Grupo Marsans al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, intentó reflotar la empresa mediante la puesta en marcha de un plan de viabilidad.
Según han confirmado fuentes judiciales, Losada ha concretado que su iniciativa se vio abocada al fracaso a pesar de sus esfuerzos. Además, ha precisado que su gestión en el grupo se limitaba a dos de las empresas que la formaban, Viajes Marsans y T-Invert.
Losada ha declarado ante el magistrado, que investiga el supuesto vaciamiento patrimonial del Grupo que Díaz Ferrán habría llevado a cabo para eludir el pago a sus acreedores, junto al propio Ángel de Cabo y el cuñado de este, Teodoro Garrido.
Además, Velasco ha decretado tras el interrogatorio, celebrado a petición de los tres imputados, que ingresaron en prisión en el marco de esta causa el pasado 5 de diciembre, la rebaja de la fianza imputa a Garrido, que ascendía a medio millón de euros y ha quedado ahora fijada en 30.000, lo que supondrá la previsible puesta en libertad del cuñado del liquidador de empresas.
El juez ha dado crédito a la afirmación del familiar de De Cabo, respalda por otros testimonios, sobre su escasa responsabilidad en Marsans, a la que se vinculó como testaferro por "familiaridad" con su cuñado.
"ENGAÑADO" POR DÍAZ FERRÁN.
Durante su última declaración en la Audiencia Nacional, De Cabo aseguró que se sintió "engañado" por Díaz Ferrán cuando le compró el Grupo Marsans y descubrió que el entramado empresarial ya había sido vaciado de bienes. El empresario ha reiterado hoy esta declaración, han confirmado las mismas fuentes.
El liquidador de empresas se presentó como víctima de un engaño por parte del ex presidente de la patronal en lo referente al grupo turístico, del testaferro Jorge García Téllez y del fiscalista Rafael Tormo, quien le recomendó que abriera una sociedad en Chipre.
Después de que Díaz Ferrán requiriera sus servicios en la primavera de 2010 y descubriera que el Grupo ya había sido alzado de bienes, se desató un conflicto entre ambos empresarios y procuró coincidir lo menos posible con quien fuera dirigente de la patronal. Con todo, ha dicho que después le concedió un préstamo de 8 millones de euros y le compró el barco, el cual consintió que Díaz Ferrán siguiera utilizando.
"APARENTE INSOLVENCIA"
De la instrucción de este caso, denominado 'Crucero', se deduce que Díaz Ferrán y su socio, Gonzalo Pascual, ya fallecido, diseñaron en colaboración con el empresario Ángel de Cabo "una estrategia para alzarse con sus bienes aparentando su insolvencia patrimonial".
Esta estrategia habría consistido en el traspaso del Grupo Marsans, propiedad de Díaz Ferrán, y de su patrimonio personal a las sociedades de De Cabo para crear, de esta forma, "una aparente insolvencia evitando así que sus acreedores, no sólo empresas, sino trabajadores, pudieran satisfacer sus créditos".
A cambio, el liquidador se comprometió a entregar 100.000 euros mensuales a los empresarios hasta que ambos recibieran una suma de 8 millones de euros. Según los autos del juez Velasco, Díaz Ferrán se habría valido de "testaferros y complejas estructuras societarias creadas por Ángel de Cabo, algunas de ellas asentadas en paraísos fiscales extranjeros" tras ser asesorado por "personas de su confianza".
DENUNCIA DE LAS MAYORISTAS
El juez Velasco, que abrió esta causa tras admitir a trámite una denuncia presentada en febrero de 2012 por las mayoristas AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, ordenó el pasado 5 de diciembre el ingreso en prisión de De Cabo y Díaz Ferrán tras imponerles sendas fianzas de 50 y 30 millones de euros, respectivamente. En el caso del expresidente de la patronal, la Sala de lo Penal rebajó su caución a 10 millones.
A Díaz Ferrán se le imputan indiciariamente los delitos de alzamiento de bienes, blanqueo de capitales, insolvencia punible por la ocultación patrimonial de notoria cantidad de dinero y estafa procesal concursal.
El juez Velasco también envió a prisión el 5 de diciembre al cuñado de De Cabo, Teodoro Garrido; y los supuestos testaferros Carmelo José Estéllez, José Enrique Pardo y Antonio García Escribano. La secretaria del liquidador, Susana Mora, quedó en libertad tras depositar una fianza de 3.000 euros y al fiscalista Rafael Tormo se le impusieron una serie de medidas cautelares.
Además, fueron imputados en este procedimiento Gerardo Díaz Santamaría, hijo de Díaz Ferrán; Consuelo Garrido, mujer de De Cabo; el abogado Raúl Jiménez y los cuatro hijos de Gonzalo Pascual: Ignacio, José María, Gonzalo y Diana.
