Está elaborando una guía de contratación pública, que estará lista cuando entre en vigor en marzo la Ley de Contratos Públicos
BILBAO, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola, ha anunciado este viernes que están realizado un estudio jurídico-económico para analizar la situación de las viviendas de uso turístico en las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca con el objetivo de que sus administraciones puedan adecuar, en caso que fuera necesario, sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) vigentes y sus normativas de desarrollo.
Urresola ha comparecido, a petición propia, ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos del Parlamento Vasco donde ha presentado el Plan Estratégico 2018-2022 del organismo aprobado el pasado 27 de diciembre, que define sus objetivos y líneas de actuación prioritarias a medio plazo de este organismo autónomo, adscrito al Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco.
Según ha explicado, el plan de acción de la AVC busca potenciar la promoción de la competencia a través de la profundización en el conocimiento del mercado. Para conseguir este objetivo van a elaborar estudios, informes y trabajos de investigación sobre los sectores que consideren "prioritarios" para la economía de Euskadi y que sean susceptibles de presentar fallos de mercado.
En este sentido, ha avanzado que se encuentran realizando un estudio jurídico-económico para analizar la situación de las viviendas de uso turístico en las capitales de la Comunidad Autónoma Vasca con el objetivo de que sus administraciones puedan adecuar, en caso que fuera necesario, sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) vigentes y sus normativas de desarrollo.
Urresola ha recordado que han emitido ya dos informes sobre las normativas tramitadas en Bilbao y San Sebastián sobre los pisos turísticos y su encaje urbanístico en esas capitales. "A raíz de estos informes vamos a iniciar un estudio más profundo del sector", ha explicado.
Asimismo, ha informado de que han mantenido reuniones previas con estos ayuntamientos para "conocer mejor la realidad de cada ciudad y no tomar decisiones desde un aislamiento del mundo de la competencia sino teniendo una visión de conjunto".
El objetivo de este estudio es dilucidar si las normativas municipales incluyen "algún tipo de barrera de entrada no necesaria ni proporcional a la realización de la actividad económica de explotación de viviendas para uso turístico o de habitaciones en viviendas particulares para uso turístico que pudieran existir", a la vista de las prescripciones de la Directiva de Servicios y de su Ley de transposición.
GUÍA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA
Para promover la cultura de la competencia, Urresola ha explicado que están elaborando guías prácticas dirigidas tanto al sector público como al privado. "Este tipo de documentos son los más propicios para transmitir las claves de la competencia aplicadas a cuestiones concretas", ha destacado la presidenta.
Según ha avanzado, en estos momentos la AVC está trabajando en una guía de contratación pública que esperan tener finalizada con la entrada en vigor el próximo 9 de marzo de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
"Esta ley da una posición muy protagonista a las autoridades de competencia en un mercado que para nosotros es una prioridad y cuyos principios básicos se fundamentan precisamente en garantizar la igualdad, la publicidad, la integridad y la libre concurrencia de todos los operadores", ha indicado.
COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
Al finalizar su comparecencia, Urresola ha sido preguntada por los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento Vasco sobre la comisión de investigación que el Parlamento Vasco acordó crear este pasado jueves para determinar si existen responsabilidades políticas en la contratación de empresas para gestionar comedores escolares.
"El hecho de que se constituya una comisión de investigación entra dentro de las competencias del Parlamento y no tenemos nada más que aportar. Estaremos a disposición de la Cámara para la información que pueda necesitar, pero excede de nuestra competencia", ha indicado Urresola.
La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) sancionó en 2016 a ocho empresas que, entre 2003 y 2015, prestaron el servicio de comedores escolares en centros públicos de Euskadi. La AVC impuso multas por un valor global de 18 millones de euros a estas empresas, al considerar que se habían puesto de acuerdo para repartirse el mercado de comedores escolares y para fijar los precios del mismo.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) confirmó en 2017 la existencia de un acuerdo entre estas empresas aunque rebajó las multas en un 60%, dejándolas en un total de 7,24 millones de euros, al entender que la actuación del Gobierno Vasco durante los años en los que adjudicó el servicio de comedores a estas empresas contribuyó a que éstas consideraran que "actuaban de una manera asumible de cara al interés público", sin que por parte del Ejecutivo existiera "reacción, indagación, consulta, prevención ni denuncia en contra".
