Foto: EUROPA PRESS
GETAFE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
Alrededor de 500 personas se han concentrado este lunes en la puerta de Airbus en Getafe en solidaridad con los ocho sindicalistas a los que la Fiscalía pide 66 años de prisión por los incidentes ocurridos entre los piquetes y la Policía durante la huelga general del 29 de septiembre de 2010.
La concentración, en la que también se ha exigido la retirada de los cargos, ha contado con la presencia del poeta Luis García Montero, que ha se ha dirigido a los presentes desde una tarima acusando a la Policía de "estar perdiendo cualquier crédito porque en lugar de trabajar para el orden de los ciudadanos se está dedicando a fabricar denuncias falsas para llevar delante de los tribunales a la gente que está defendiendo sus derechos".
"No se puede consentir que la ley en España se convierta en un ámbito de represión en lugar de defensa de los ciudadanos y no estamos dispuestos a que entréis en la cárcel por defender los derechos de todos nosotros. No vais a entrar en la cárcel mientras podamos seguir levantando nuestra voz", ha asegurado en referencia a 'los 8 de Airbus'.
A la concentración también ha asistido el coordinador de IU-CM, Eddy Sánchez, que ha manifestado que "hoy hace cuatro años comenzó todo en esta país y fue el inicio de un conflicto social que dura hasta hoy, aunque las movilizaciones sociales están logrando modificar decisiones judiciales".
"El mantenimiento de movilizaciones de este tipo supone una erosión muy grande para aquellos que quieren penalizar con cárcel el derecho de huelga, ya que en ningún país europeo se da crédito a una situación de un país que reprime el derecho de huelga incluso con más años de cárcel que en el último franquismo", ha subrayado.
Desde CCOO han recordado en un comunicado que a primeras horas del 29 de septiembre de 2010 se produjeron los incidentes en la factoría de Airbus en Getafe, "en la que resultaron heridos varios trabajadores por una actuación policial desproporcionada que incluyó la realización de siete disparos de arma de fuego" por parte de los antidisturbios.
"Estos incidentes han traído consigo la inclusión de ocho sindicalistas, algunos de ellos jubilados al día de hoy, en un procedimiento penal en el que se solicitan ocho años y tres meses para cada imputado, lo que representa una pena total de 66 años, la pena más alta solicitada de forma colectiva desde el proceso 1001", han concluido.
