BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -
La comisión de investigación parlamentaria sobre la quiebra de Spanair arrancará el 16 de enero con la comparecencia de expertos, y finalmente no están llamados a comparecer el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ni su antecesor, José Montilla, así como tampoco asistirán el alcalde de Barcelona, Xavier Trias, ni su predecesor en el cargo, el socialista Jordi Hereu.
Pese a que tanto el PP como C's han votado a favor de todas estas comparecencias, los votos en contra del resto de grupos --CiU, ERC, PSC e ICV-EUiA-- han hecho que no prosperara la petición.
Al inicio de la comisión, Inés Arrimadas (C's) y Pere Calbó (PP) han criticado que el resto de grupos parlamentarios les han obviado de una reunión de trabajo previa a la comisión parlamentaria, lo que consideran "un pacto clarísimo del tripartito y CiU", los partidos que gobernaron la Generalitat mientras Spanair operaba, para sacar de la lista a las autoridades citadas anteriormente.
En declaraciones a los medios, Arrimadas ha explicado que la reunión estaba prevista a las 10.45 horas --15 minutos antes de la comisión y en la misma sala--, si bien el resto de grupos han aparecido a las 11.15 habiendo hablado previamente entre ellos.
"Ellos mismos son los que han dicho que han llegado a un acuerdo, Los acuerdos son legítimos, pero no compartimos que se quieran tapar cosas", ha aseverado Calbó, que ha recordado que precisamente el Parlament está a punto de aprobar la Ley de Transparencia.
Por su parte, David Companyon (ICV-EUiA) ha negado la existencia de este pacto por parte de los grupos, y Antonio Fernández Teixidó (CiU) ha respondido a Calbó que el "oscurantismo es lo que hace el PP en España".
89 COMPARECENCIAS
En total, los grupos han aprobado las comparecencias de 89 personas, y entre ellas destacan miembros del consejo de administración de la desaparecida aerolínea como su presidente, Ferran Soriano; el presidente de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet; el director general de esta institución, Agustí Cordón; el presidente de Turismo de Barcelona, Joan Gaspart; el presidente de Moventia, Miquel Martí Escursell, y otros miembros como Jordi Rafael Bagó, Michael Balint Szucs, Felipe Muntadas-Prim, y Rafael Suñol y Manuel Albanell, ambos de Catalana d'Iniciatives.
También otros miembros del consejo como el presidente del Gremio de Hoteles de Barcelona, Jordi Clos; Joaquim Coello (Ieasa), el expresidente de Spanair Gerardo Díaz Ferran, Isidre Gavín (Cimalsa), y el director general del Racc y presidente de FemCat, Josep Mateu, entre otros.
Entre los cargos y excargos de la Generalitat que también están llamados a comparecer están el conseller de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell --y su predecessor, Antoni Castells--; el de Empresa y Empleo, Felip Puig --también su antecesor, Francesc Xavier Mena--; el exconseller de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder (CiU) y su antecesor en el tripartito Joaquim Nadal (PSC), además del exconseller de Innovación, Universidades y Empresa Josep Huguet, el secretario de Infraestructuras y Movilidad, Ricard Font, y el director del Incasòl, Damià Calvet, entre otros.
El excomisario europeo de Competencia Joaquín Almunia y los exministros de Fomento Magadalena Álvarez y José Blanco son otros de los nombres aprobados para comparecer, mientras que en el ámbito del Ayuntamiento de Barcelona están citados el que fuera teniente de alcalde de Promoción Económica, Jordi William Carnes, y el actual tercer teniente, Antoni Vives, y ha caído de la lista Sònia Recasens gracias a los votos en contra de CiU, ERC y PSC.
Como promotor del proyecto, también está citado el presidente de la Cámara de Barcelona, Miquel Valls, además de otros representantes de la administración concursal, sindicatos y expertos como Germà Bel, Salvador Curcoll, Xavier Fageda y Pedro Nueno.
Todos los grupos han coincidido en destacar que ya existe una sentencia condenatoria para el consejo de Spanair, si bien el objetivo de esta comisión de investigación parlamentaria es el depurar responsabilidades políticas, ya que las administraciones públicas inyectaron más de 170 millones de euros en la desaparecida aerolínea.
