BARCELONA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado Mercantil 10 de Barcelona prevé dictar sentencia antes de las vacaciones estivales sobre la culpabilidad del concurso de la desaparecida Spanair y estimar o desestimar, de este modo, la petición de la Fiscalía de Barcelona, que reclama al consejo de la aerolínea 72 millones de euros por retrasar la solicitud del concurso de acreedores agravando, así, el estado de insolvencia de la compañía aérea.
Tanto los informes de la administración concursal como del Ministerio Fiscal piden que el concurso sea declarado culpable, si bien el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha asegurado en un comunicado que ambos documentos son "meras propuestas de calificación", por lo que no quiere decir que el concurso vaya a ser declarado culpable y se dicte una sentencia de condena.
Ahora el juzgado dará traslado a los integrantes del consejo de administración de la aerolínea, que quebró el 27 de enero de 2012, para que puedan presentar sus escritos de defensa, y una vez los reciba se fijará la fecha para la celebración del juicio.
Así, tras este juicio se dictará la sentencia que estimará o desestimará la petición de la administración concursal y del Ministerio Fiscal, que se prevé que sea "antes del comienzo de las vacaciones de agosto, si bien todo depende de la tramitación del procedimiento".
INFORMES.
El informe de Fiscalía coincide con los administradores concursales en que la aerolínea se encontraba en una situación de insolvencia manifiesta el 30 de junio de 2011, pero retrasó cinco meses la solicitud del concurso, lo que agravó el déficit concursal en 72.184.107,63 euros.
Según el escrito, un indicio de que la obtención de beneficios futuros no se debía contemplar como una perspectiva probable a corto y medio plazo es que los socios privados de Spanair (Volcat 2009 SL), más allá de su inversión inicial, "en ningún momento llegaron a inyectar fondos mediante préstamos para financiar la compañía al modo en que sí lo hicieron los socios públicos (Avançsa) o semipúblicos (Fira de Barcelona)".
En definitiva, la fiscal considera culpables al entonces presidente, Ferran Soriano; al director general, Michael Balint Szucs; al vicepresidente, Benny Zkrisson; a los consejeros Miquel Martí Escursell, Josep Mateu Negre, Jordi Rafael Bagó Mons, Josep Maria Benet Ferran, Joan Gaspart (en nombre de Inversions Turístiques), Manuel Albanell Mira (en nombre de Catalana d'Iniciatives), Karl Mats Erik Lönnqvist, y las empresas Avançsa, Inversiones Turístiques i Comercials 2009 y Fira de Barcelona.
La fiscal pide que se les inhabilite para administrar bienes ajenos y representar a cualquier persona durante dos años, la pérdida de derechos como acreedores concursales y que paguen solidariamente los 72 millones, menos Karl Mats Erik Lönnqvist, que deberá responder por seis millones.
