Las otras empresas pedían hasta 400.000 euros y al final el contrato fue al bufete de Pérez Llorca, uno de los 'padres' de la Constitución
MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Aena defiende la adjudicación del contrato de asesoramiento legal para la privatización a la empresa Pérez-Llorca Abogados, S.L., que ofreció realizar el servicio por un euro, y justifica esta oferta tan baja en que la compañía buscaba "prestigio o reputación" al hacerse cargo de una de las "más importantes colocaciones" en Bolsa del ámbito europeo.
Así lo señala en un respuesta parlamentaria al portavoz adjunto de CiU en el Congreso, Pere Macias, quien el pasado mes de julio se interesó por el anuncio de dicha adjudicación por 1 euro en la web de Aena. "¿Se trata de un error? ¿Cómo es que esta oferta no se ha tipificado como una baja temeraria?", se preguntaba el nacionalista catalán.
En su respuesta, que recoge Europa Press, el Gobierno se refiere a la decisión de adjudicar al bufete Pérez-Llorca el servicio de asistencia jurídica de ENAIRE (antes AENA) en el proceso de enajenación de capital social de Aena Aeropuertos, S.A., en un concurso convocado el pasado 8 de julio por 1,2 millones de euros divididos a partes iguales entre el tramo nacional y el internacional.
Según informó entonces VozPópuli, hasta cuatro compañías se presentaron al concurso, con ofertas que iban desde los 400.000 a los 180.000 euros, pero finalmente fue el bufete Pérez-Llorca Abogados, S.L. el que se llevó el gato al agua al ofrecerse a prestar el servicio durante doce meses por 1 euro, lo mismo que cuesta por ejemplo el uso de un carrito portaequipajes en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Algo más de un año antes ya había conseguido hacerse con este mismo contrato para la primera fase de la operación, con una oferta de 400.000 euros sobre una licitación máxima de 600.000 euros.
LO RECOMENDÓ EL CONSEJO CONSULTIVO DE PRIVATIZACIONES.
En el texto, el Ejecutivo recuerda que "ENAIRE no es responsable de las ofertas que quieran presentar los distintos licitadores" a los concursos, y que son los contratistas los que aceptan el "riesgo y ventura" de los contratos que firman.
"Por tanto, no cabe influir en la voluntad de cada licitador ni en el objetivo perseguido con su decisión, que no siempre debe coincidir con un interés económico inmediato, sino que dicho interés lo puede cifrar en un prestigio o reputación, al constituir esta operación una de las más importantes colocaciones en el ámbito europeo", apostilla.
En relación con el riesgo que entraña aceptar una oferta claramente bajo coste, el Gobierno asegura que fue el propio Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP) el que recomendó "en un informe específico sobre esta licitación" suprimir las consideraciones sobre 'ofertas anormalmente bajas' al entender que desecharlas directamente podría suponer "una restricción importante a la competencia".
Por eso, los pliegos de condiciones aprobados por ENAIRE no incluían ese tipo de cláusulas, sino que se centraban en los criterios de solvencia técnica, que pasaban por tener más de 2 millones de euros en fondos propios, así como tener una experiencia en al menos una operación similar por valor de más de 1.000 millones de euros, otra de más de 5.000 millones, y al menos dos operaciones de venta de acciones de sociedades públicas en los últimos ocho años, en el caso de empresas nacionales; y al menos dos operaciones europeas de más de 1.000 millones de euros durante los últimos ocho años, en el caso de empresas extranjeras.
Además, se exigía una puntuación técnica mínima de 80 puntos en su oferta, y el resultado era "independiente de la oferta económica" de cada empresa. "Los licitadores presentados superaron ambas condiciones, al tratarse de despachos muy relevantes, todos ellos con experiencia acreditada en este tipo de operaciones y, en consecuencia, resultando determinante para la adjudicación de la oferta económica presentada", añade el Ejecutivo.
Se da la circunstancia de que el bufete Pérez Llorca Abogados, S.L., fundado por el exministro José Pedro Pérez Llorca (uno de los 'padres de la Constitución) y ahora dirigido por su hijo-- también asesora jurídicamente la venta de otra empresa pública, CESCE, dependiente de SEPI, y desde el mes de septiembre pasado cuenta en su plantilla como experto en Derecho Penal Económico con el exministro del Interior socialista Antonio Camacho.
