BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Sala Civil del Tribunal Supremo condena a tres navieras a pagar 9,66 millones de euros a la Diputación Foral de Vizcaya a consecuencia del cierre en noviembre de 2010 de la línea de ferry Bilbao-Portsmouth, ya que la Diputación les había adelantado esa cantidad para reservar 35.707 plazas en esos barcos.
Tanto un Juzgado de lo Mercantil de Bilbao como la Audiencia de Vizcaya habían rechazado la demanda de la Diputación Foral, absolviendo a las navieras, pero el Tribunal Supremo estima el recurso de la Diputación y considera que tiene derecho a que se le reintegre el dinero abonado por las reservas de billete que tuvieron que cancelarse por el cierre de la línea, por lo que condena a las navieras P&O European Ferries Vizcaya S.A, P&O European Ferries Portsmouth Limited y P&O Ferries Holding Limited, al pago de 9,6 millones.
La Audiencia Provincial de Vizcaya desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Diputación vizcaína contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Bilbao que rechazó la demanda de la Institución foral en la que exigía a la naviera P&O que le reintegrara 9,7 millones de euros, debido a que, tras la eliminación del servicio de ferry que operaba esta compañía entre el Puerto de Bilbao y Portsmouth, no pudo utilizar 35.707 bonos de viaje que había adquirido.
El Juzgado de los Mercantil argumentó, para desestimar la petición de la Diputación, que la naviera no debía pagar a la Institución foral, ya que no había ningún contrato entre ambas y se preguntaba por qué no intentó hacer uso de los bonos de viaje que aseguraba disponer antes de que el ferry, Pride of Bilbao, dejara de funcionar.
El fallo del Mercantil consideraba también probado que el 7 de marzo de 1995 la institución vizcaína compró por un total de 5,7 millones de euros a la naviera P&O, encargada de la explotación del ferry, un total de 46.500 bonos para facilitar el viaje entre Bilbao y Portsmouth (Gran Bretaña) con títulos al portador.
Ese acuerdo fue declarado ayuda de Estado por la Comisión Europea en 2000 y un juzgado de primera instancia de Bilbao lo declaró en 2007 nulo y obligó a la Diputación a restituir el dinero de la compra de los bonos o devolver los bonos no utilizados.
En octubre de ese año, la Diputación acordó pagar a la naviera 12,9 millones euros, entre ellos los 9,7 millones correspondientes a los 35.707 bonos que no pudieron ser devueltos al no constar que éstos estuvieran depositados en la sede foral.
Además, el Mercantil recogía en su sentencia que el Tribunal de Cuentas del País Vasco detectó un error de cálculo de los intereses, por lo que la naviera devolvió 735.000 euros en 2009.
Por otro lado, el juez de lo Mercantil constataba que en noviembre de ese año la Diputación reservó 100 billetes en el ferry sin tener que abonar precio alguno y defendió que se podía hacer uso de esos billetes de viaje "sin necesidad de la emisión física" de los mismos. El 15 de noviembre de 2010 la compañía cerró ese servicio de transporte y se negó a reintegrar los billetes que ya no se podrían utilizar.
La Diputación vizcaína demandó a la naviera al considerar que los bonos de viaje no tenían fecha de caducidad y que el cierre del ferry impidió que se usaran, por lo cual reclamó que le devolviera 9,7 millones con sus intereses, que la institución pagó en 2007 por los bonos que no fueron usados.
Ante la desestimación de la Audiencia Provincial del recurso de apelación interpuesto por la Diputación Vizcaya contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil, la Institución foral presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ahora anula y deja sin efecto la sentencia de la Audiencia de Bizkaia.
En la sentencia conocida este lunes, el Supremo señala que la cantidad satisfecha por la Diputación foral de Vizcaya por importe de 9,66 millones "supuso la obligación a cargo de las demandadas, primero P&O European Ferries Vizcaya S.A. y, porteriormente P&O European Ferries Portsmouth Limited, como continuadora en la prestación del servicio de reservar para la actora 35.707 plazas de pasaje del ferry de la ruta Bilbao-Portsmouth, y a su matriz P&O Ferries Holding Limited, como responsable del cierre de la línea que imposibilita el resarcimiento de la actora".
Asimismo, indica que, a consecuencia del cierre de la línea ferry Bilbao-Portsmouth en noviembre de 2010, las sociedades demandadas P&O European Ferries Vizcaya S.A, P&O European Ferries Portsmouth Limited y P&O Ferries Holding Limited, "deben reintegrar solidariamente a la Diputación foral la cantidad de 9.606.956 euros, junto a los intereses legales desde la interposición de la demanda".
Además, se imponen las costas de la primera instancia a las demandadas P&O European Ferries Vizcaya S.A, P&O European Ferries Portsmouth Limited y P&O Ferries Holding Limited, "sin que proceda imponer las correspondientes a la segunda instancia ni las de los recursos extraordinarios".
