Los cuatro fueron imputados tras comparecer Cortabitarte (Adif), pero la incógnita está en si hablarán ante el juez
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El director de seguridad en la circulación de Renfe, Antonio Lanchares, y tres técnicos de la consultora pública Ineco están citados a declarar esta semana en Compostela como investigados en la causa que trata de determinar las responsabilidades penales por el accidente del tren Alvia en Angrois (Santiago), ocurrido el 24 de julio de 2013 con el resultado de 80 muertos y 144 heridos.
Lanchares y Laura López serán los primeros en pasar por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital gallega, cuyo titular es Andrés Lago. Este magistrado les ha convocado después de escuchar en julio la comparecencia del otro alto cargo investigado en el caso, Andrés Cortabitarte, exdirector de seguridad en la circulación de Adif, al que atribuye, como al maquinista, 80 supuestos delitos de homicidio por imprudencia profesional grave.
El responsable de Renfe está citado para el martes a las 9,30 horas y Laura López para ese mismo día a las 12,00 horas. Ella es quien firma, junto a Salvador Arriaga y Jorge Merino (ambos convocados para el miércoles, a las 9,30 y a las 12,00 horas, respectivamente), el informe de evaluación independiente que elaboró sobre la línea Ourense-Santiago esta consultora, cuyo accionariado se lo reparten Enaire, Adif y Renfe.
Justamente este viernes, el juez emitió una providencia con la que rechaza la petición de la defensa de Ineco de suspensión de las declaraciones, al entender que los técnicos "tienen sobrado conocimiento" de los informes en cuestión.
"REBATIR" A CORTABITARTE
En este escenario, fuentes judiciales consultadas por Europa Press opinan que "la única forma que tienen" tanto Lanchares como los técnicos de Ineco para lograr que el juez les retire la calidad de investigados es "rebatir" lo que Cortabitarte dijo en su día.
A Antonio Lanchares, el cargo investigado de Adif lo inculpó al asegurar que "la tarea de evaluación de riesgos previa a la puesta en funcionamiento de la línea no era una competencia exclusiva de Adif, sino compartida con la operadora ferroviaria", según recuerda Lago en el auto de citación, de finales de octubre.
Mientras, indica que, según se desprende de la declaración prestada por Cortabitarte, la función de los técnicos de Ineco "no se limitaba a una mera función auditora exenta de capacidad decisoria o propositiva, sino que eran dichos técnicos los encargados de efectuar la evaluación de riesgos y, en caso de resultar alguno que no fuera despreciable, comunicar a Adif las medidas necesarias para conjurar el mismo".
Por ello, algunas de las partes consultadas por Europa Press entienden que "la única forma" que ahora tienen de salvar la imputación es declarando ante el juez y "rebatiendo" los argumentos de Cortabitarte, con documentos y normativas en mano. "Si se callan, no lo desvirtúan", destacan estas fuentes.
Por el contrario, otros abogados consultados se basan justamente en la solicitud de Ineco de suspensión --por "el escaso margen de tiempo" entre la citación y la fecha de su declaración-- para augurar que los citados esta semana no hablarán, alegando "el volumen de un sumario que todavía no han podido estudiar".
LA ESTRATEGIA DE RENFE
Está por ver, en esta línea, si Renfe sigue en este procedimiento la misma estrategia que Adif, cuyo cargo investigado, Andrés Cortabitarte, se acogió a su derecho a no declarar en dos ocasiones, y no lo hizo hasta que la Audiencia Provincial de A Coruña tuvo ratificada su investigación.
Y es que el administrador de infraestructuras ferroviarias recurrió en su momento la decisión del magistrado de investigar a su exdirector de seguridad (hoy en día responsable de una subdirección de menor entidad, pero todavía en un puesto de confianza), pero no ha trascendido que Renfe lo haya presentado hasta ahora.
Así las cosas, en función de lo que ocurra esta semana, la instrucción seguirá adelante con dos (el maquinista y Cortabitarte) o más investigados, con el horizonte puesto en diciembre de 2018, plazo máximo de dilatación de esta fase, tras las dos prórrogas concedidas.
LAS VÍCTIMAS
Por su parte, la plataforma de víctimas del siniestro cree que Lanchares "debería seguir imputado" después de estos días, ya que, a su juicio, "ha quedado claro que pidió la desconexión del ERTMS y con el reglamento en la mano lo tendría que haber evaluado, cosa que no hizo".
Además, el portavoz de la asociación, Jesús Domínguez, en declaraciones a Europa Press, recuerda que el director de seguridad de Renfe "tampoco hizo nada después", cuando la decisión de desconectar ese sistema de control continuo de la velocidad se tomó por un periodo de un mes "y un año después seguía vigente", cuando tuvo lugar el descarrilamiento.
Domínguez subraya que "los peritos tienen claro" que la desconexión "supuso un aumento del riesgo", toda vez que el sistema ERTMS embarcado, de estar activo, habría emitido una señal sonora en un momento en el que Francisco Garzón conducía despistado, puesto que había recibido una llamada del interventor poco antes de la llegada a la curva de A Grandeira, a pocos kilómetros de la estación santiaguesa.
DIMISIÓN FALLIDA
Estas comparecencias se van a producir después de que Renfe informase de la intención de Antonio Lanchares de dimitir de su puesto una vez que conoció su imputación.
Esta dimisión no llegó a materializarse ya que, según dijo a Europa Press la operadora ferroviaria, la dirección le mostró su "pleno respaldo" y él reconsideró su decisión. "O se dimite o no se dimite, aquí lo que importan son los hechos, porque hay 80 muertos", contrapone el portavoz de la plataforma de víctimas.
