MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves, con los votos de PP y CiU y la abstención de UPyD, las cinco enmiendas de totalidad al proyecto de ley del Sector Ferroviario de PSOE, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC y BNG, que reprochan al Ejecutivo que haya presentado una norma tan importante en los "minutos de descuento" de la legislatura.
El debate ha comenzado con una intervención de casi una hora de la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ha defendido su intento por consolidar un "gran sistema" ferroviario y adaptarlo para el escenario del siglo XXI, abriendo los servicios comerciales a la competencia privada tal y como se promueve desde Europa.
Sin embargo, el portavoz socialista de Fomento, Juan Luis Gordo, ha acusado a la ministra de usar la mitad de su intervención para hacer "autobombo y propaganda" con un discurso de "tono populista" cuyo "parecido con la realidad es mera coincidencia", y de "perder una oportunidad magnífica para dar respuesta con sosiego y consenso a los grandes retos del sector", tales como apostar por la planificación y los estudios de demanda previos a los proyectos, imponer cánones suficientes para cubrir los costes ni incentivar la intermodalidad.
ES UN "CAPRICHO" DEL GOBIERNO
"Retire este proyecto de ley porque es inconsistente, irrespetuoso con el procedimiento establecido, mal diseñado y genera inseguridad jurídica. Sólo tiene una fuerte carga ideológica. Es una chapuza y un capricho del Gobierno", ha afirmado, advirtiendo de que se están sentando las bases de un mayor déficit que acabarán pagando todos los ciudadanos por una liberalización "caprichosa" y que "no está madura", y que se abre la puerta a una "preocupante" privatización de la administración de las infraestructuras ferroviarias y el troceo de la red.
Además, ha acusado al Ministerio de promover una "tramitación precipitada, sin diálogo y sin tener en cuenta" los informes consultivos ni incluir una memoria económica "bajo el pretexto" de trasponer una normativa comunitaria "parcial, sesgada, partidista, improvisada y por motivaciones ideológicas".
"Si estuviera en su lugar sentiría vergüenza democrática. No se puede traer un proyecto de ley exclusivamente para tener en el currículo su tramitación, sobre todo cuando se pretende que nazca con vocación de permanencia pero que durará muy poco porque lo derogaremos cuando gobernemos en la próxima legislatura", ha avanzado.
PRISAS INNECESARIAS
Ascensión de las Heras, de la Izquierda Plural, también cree que Fomento tiene unas "prisas innecesarias" por trasponer una directiva europea que no entra en vigor hasta 2019 y cuando "apenas faltan tres meses" para terminar la legislatura con el único objetivo de "satisfacer exclusivamente las demandas de un sector empresarial ávido por hacer negocio con el transporte ferroviario".
Y todo a pesar de que otras experiencias de liberalización ferroviaria, como la británica, han "puesto en peligro los intereses públicos" y de que precipitarse "llevará a la quiebra al cuarto empleador del país", Renfe.
"Sería más rentable social y económicamente buscar estrategias para fortalecer las empresas ferroviarias públicas y apostar por un tren social que use la mayoría de la población para garantizar el derecho a la movilidad. Detenga este proceso de liberalización, retire este proyecto de ley", ha reclamado, advirtiendo de que las líneas menos rentables acabarán siendo cerradas y muchos ciudadanos quedarán "incomunicados".
AFÁN RECENTRALIZADOR
Por el PNV, Isabel Sánchez Robles se ha preguntado por qué el Gobierno presenta esta ley "en los minutos de descuento de la legislatura" y, pese a compartir que "el futuro viaja en tren", ha lamentado que no se hayan respetado los estatutos de autonomía y que el texto tenga un "barniz profundamente centralizador".
"Nos alegramos de que hayan decidido trabajar en términos de planificación, priorización y eficiencia económica, pero para este viaje no hacían falta estas alforjas, porque no se introducen grandes novedades con respecto a la ley vigente. Esperábamos más", ha reconocido, llegando a calificar la norma de "auténtica chapuza".
Joan Tardà, de ERC, cree que parte del origen de las demandas soberanistas en Cataluña se derivan de la "indignación" y "hastío" ciudadanos por los "agravios" en materia ferroviaria, y ha acusado al Gobierno de "condenar a la desaparición" las líneas menos rentables. Además, se ha preguntado por las razones de las "prisas" por aprobar una liberalización que países como Alemania o Francia miran con recelo y ha apuntado que hay "gato encerrado" y que "detrás hay grandes grupos de capital que intentan, como siempre, privatizar los beneficios y que lo público pague los déficit".
Por el BNG, Rosana Pérez ha rechazado la "estrategia privatizadora y liberalizadora" que han seguido los gobiernos de España durante la última década, cuyos "beneficios y virtudes están por demostrar" y que "en otros países no han tenido ni de lejos" los buenos resultados que se esperaban. Por eso, critica que se "adelante sin justificación" esta medida "centralista y centralizadora" que pone en el centro del modelo la rentabilidad económica, "muy por encima de la cohesión territorial y social".
Por Compromís-Equo, Joan Baldoví ha lamentado que la ministra se haya centrado en "operadores privados y costes" en lugar de hablar de vertebración territorial o movilidad, y considera que el capítulo de seguridad es "insuficiente" y que debe implicarse a las comunidades autónomas en la gestión ferroviaria.
MODELO "PROFUNDAMENTE EQUIVOCADO"
El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha reconocido no "compartir ni entender la prisas" del Gobierno por aprobar un asunto que aún se está debatiendo en Bruselas ni tampoco la "satisfacción y orgullo" por un modelo ferroviario "profundamente equivocado" que "deja una onerosa deuda" a futuro y que "nunca se ha ocupado de su rentabilidad ni la sostenibilidad".
No obstante, ha justificado su abstención en que la norma tiene "aspectos positivos" como lo relativo a la seguridad, pero ha insistido en la necesidad de debatir sobre el modelo ferroviario y cómo se entiende la liberalización, ante el riesgo de "volver a encontrar en toda su gloria el capitalismo de amiguetes" en la adjudicación de títulos habilitantes sin estudios "realistas" de demanda y explotación que acaban provocando "negocios pésimos" para la sociedad.
Los nacionalistas catalanes, por boca de Pere Macias, también cuestionan la urgencia de una normativa "algo precipitada", pero espera que la voluntad negociadora expresada por Pastor sea auténtica y se puedan resolver algunos problemas como el de "severa infrautilización" de la capacidad ferroviaria existente, mejora en los "pésimos servicios" que reciben algunos ciudadanos, como los usuarios de las Cercanías catalanas; o la insuficiencia del transporte ferroviario de mercancías.
Además, ha respaldado los argumentos del PNV reclamando a Fomento que "respete las competencias autonómicas" y "coopere" con ellas y con los operadores privados para desarrollar nuevos servicios como el de trenes turísticos aprovechando líneas sin servicio.
ADAPTARSE A LAS NUEVAS CIRCUNSTANCIAS
Finalmente, el portavoz 'popular' de Fomento, Andrés Ayala, ha defendido este "buen proyecto" que permitirá al sector ferroviario español "adaptarse a las nuevas circunstancias y requerimientos" fomentando una "planificación rigurosa" para contar con una "financiación sostenible" y conseguir el mayor avance en las coberturas técnicas y de rentabilidad social y económica". "Le pese a quien le pese", ha añadido.
Por eso, ha acusado a la oposición de utilizar "argumentos inventados" en unas enmiendas que ha presentado sólo por "estrategia política y no por fundamentos legislativos", y ha defendido que la tramitación del proyecto de ley no se ha hecho "con precipitación sino con diligencia".
