Los 15 afectados entregaron en total más de 580.000 euros por adelantado del precio de las viviendas
SEVILLA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Sevilla solicita cuatro años y seis meses de prisión para seis hombres y una mujer acusados como coautores de un delito continuado de estafa en la venta de una promoción de 51 viviendas que nunca llegaron a construirse en Marchena (Sevilla) y por la que los encausados recibieron 581.149,50 euros por parte de los 15 compradores afectados que adelantaron esa cantidad del precio de los inmuebles.
Los acusados por estos hechos, que ocurrieron entre 2005 y 2008, son R.G.A., M.B.R., M.R.H.H. --esposa del anterior--, J.A.B.A., J.M.M., J.A.R.R. y M.B.P., todos mayores de edad y sin antecedentes computables a efecto de reincidencia, según el escrito de acusación del Ministerio Público al que ha tenido acceso Europa Press.
La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla, encargada de juzgar estos hechos, había fijado sesiones todos los días de esta próxima semana para celebrar la vista oral, si bien, con motivo de la huelga convocada a nivel estatal de jueces y fiscales, se ha suspendido la sesión prevista para este lunes, 19 de noviembre. Por ello, el juicio contra los siete acusados comenzará el martes, 20 de noviembre.
Según el relato de los hechos de la Fiscalía, el 9 de mayo de 2005, se constituyó mediante escritura pública la empresa Martia Gestión Inmobiliaria S.L., cuyos socios eran los hoy acusados R.G.A., M.R.H.H. y J.A.B.A., siendo nombrados los dos primeros como administradores mancomunados de dicha sociedad. El objeto social de dicha sociedad era la promoción inmobiliaria, siendo su gestor el hoy también acusado M.B.R.
Los demás acusados, si bien no figuran como socios, "tenían participaciones en las ganancias y formaban parte en la toma de decisiones", encargándose el acusado J.A.R.R. de la venta de las viviendas directamente a los compradores, desempeñando dichas funciones en la oficina abierta en la calle Sevilla de Marchena.
Mediante escritura pública de 14 de febrero de 2006, la sociedad adquirió un solar ubicado en las calles Madre de Dios y José Montes de Torres de esta localidad sevillana, promocionando la construcción y venta de 51 viviendas, en tres fases distintas.
Los acusados, "con ánimo de obtener un beneficio patrimonial ilícito y a sabiendas de que nunca llegarían a construirse dichas viviendas", procedieron a la venta de las mismas, exigiendo a los compradores el pago por adelantado de una parte del precio de venta, el cual hicieron en efectivo en metálico y mediante la entrega de pagarés.
Los 27 contratos de venta de los inmuebles objeto de la estafa fueron firmados entre el 27 de abril y el 1 de julio de 2007, haciendo entrega los compradores de un total de 581.149,50 euros como adelanto del precio de la vivienda.
NUNCA CONTRATARON PÓLIZA DE ASEGURAMIENTO
En dichos contratos se establecía un plazo de entrega máximo de las viviendas de 24 meses desde la firma del mismo, recogiendo en su cláusula octava la existencia de una póliza de aseguramiento con la entidad bancaria Caja Granada, por la cual se garantizaba la devolución de las cantidades satisfechas así como la entrega del aval en el plazo de 90 días.
"Dicha cláusula fue incluida en los contratos por los acusados con claro ánimo de incentivar a los compradores a entregar el dinero, si bien nunca llegó a contratarse dicha póliza ni aval, ocultando dicho dato a estos últimos", según la Fiscalía.
Los acusados, "con ánimo de mantener dicha apariencia de legalidad y
solvencia", solicitaron incluso licencia de obras al Ayuntamiento, la cual fue concedida, así como préstamo a la entidad bancaria, el cual resultó impagado. Para la obtención de dicho préstamo, los acusados presentaron un proyecto constructivo elaborado por el también acusado M.L.B., que, "a sabiendas de que no iban a construirse las viviendas, asumió, como administrador de la mercantil Marchena Servicios Inmobiliarios S.L., la gestión de la promoción inmobiliaria mediante contrato de 2 de abril de 2008, recibiendo las cantidades que los compradores entregaban sin depositar las mismas en una cuenta bancaria abierta a tal efecto, según exige la legislación".
Hasta la fecha, según el Ministerio Público, no consta que las viviendas hayan sido construidas ni reintegrado el dinero entregado a los perjudicados.
Por estos hechos, la Fiscalía considera que procede imponer a cada uno de los acusados como coautores de un delito de estafa continuada la pena de cuatro años y seis meses de prisión y multa de 3.600 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago.
Además, pide condenar a los acusados al pago de las costas causadas y que indemnicen, de forma conjunta y solidaria, a cada uno de los perjudicados en la cantidad total de 581.149,40 euros, correspondiendo a cada uno de ellos la cuantía entregada.
