MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
El expresidente Carles Puigdemont tendrá que volver a España para poder tomar posesión del escaño de eurodiputado si finalmente opta a las elecciones europeas de mayo de 2019, ya que la ley le obliga a acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central, con sede en el Congreso, lo que podría implicar su detención.
Puigdemont se ha ofrecido como número dos del presidente de Esquerra (ERC), Oriol Junqueras, en una hipotética candidatura independentista para los comicios europeos del próximo año, e incluso ha abierto al puerta a integral a Anna Gabriel, quien fue diputada de la CUP y que también abandonó España antes de ser encausada por el referéndum ilegal de 2017.
Junqueras, que ha sido proclamado candidato a las europeas por su partido, ya ha rechazado desde la cárcel ese ofrecimiento de lista conjunta, pero Puigdemont seguirá teniendo la opción de presentarse en otra candidatura.
Ahora bien, si finalmente Puigdemont se presenta a las elecciones europeas y logra ser elegido, para tomar posesión de su escaño deberá volver antes a España para comparecer ante la Junta Electoral Central y jurar o prometer la Constitución de 1978.
DEBE ACATAR LA CONSTITUCIÓN EN EL CONGRESO
Así se establece en el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), donde se señala que "en el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central", que tiene su sede en el Congreso de los Diputados.
La ley añade que, pasados esos cinco días desde la proclamación, la JEC "declarará vacantes los escaños correspondientes a los diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento".
Este requisito es aplicable a todos los diputados electos, y en su caso afectaría tanto a Junqueras, si antes no es condenado a penas de inhabilitación, como a Puigdemont y el resto de políticos independentistas que han abandonado España para no afrontar los cargos que se les atribuyen en la causa del procés. Y en el caso de los huidos, su regreso a España provocaría su detención y puesta a disposición de la Justicia, que tiene suspendida la instrucción de la parte del sumario que les afecta.
