VÍCAR (ALMERÍA), 22 Ene. (EUROPA PRESS) -
El delegado de Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha asegurado este martes que "la ultraderecha en nuestro país y en Andalucía quiere convertir a los médicos en policías" después de que Vox haya emplazado este martes al recién conformado Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) a que "colabore en la repatriación de 52.000 inmigrantes ilegales" que, según este partido, se pueden identificar en la Comunidad.
En declaraciones a los periodistas, el delegado ha apuntado que el Gobierno se va a mostrar "vigilante" a la hora de proteger la función de los médicos, que "no pueden hacer de policías" si se pretende que identifique a las personas que atienden para detectar si su situación es irregular.
"Ya lo hace bien la Policía y la Guardia Civil en todo lo que significa, según nuestra legislación, la llegada de inmigración irregular a nuestras costas, pero no podemos convertir a los médicos en policías", ha insistido el representante del Gobierno en Andalucía, quien ha ahondado en que los médicos están "para curar a las personas" y "salvar vidas".
Para Gómez de Celis es una "deficiencia" pretender que los profesionales sanitarios tengan que realizar funciones "que no les son propias", ante lo que ha expresado que el Gobierno va a "garantizar y proteger la independencia profesional de los médicos en Andalucía" así como su "código deontológico".
El delegado ha considerado que el planteamiento efectuado por la "ultraderecha" "no es ni más ni menos que querer ir en contra de la propia legislación y probablemente de algunos preceptos de la Constitución, que garantizan la profesionalidad de los médicos en nuestro país", según ha interpretado.
En un comunicado tras la toma de posesión de los once consejeros del nuevo Gobierno andaluz, Vox ha recordado que "para que fuera posible la elección de ese Gobierno, Vox acordó con el PP un paquete de 37 medidas que ha llegado el momento de aplicar", y del que considera como "una de las medidas más urgente" la contenida en el punto 28, en el que los dos partidos que lo suscribieron acordaban "apoyar material, humana y documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que tienen encomendada la protección de las fronteras, garantizando una inmigración ordenada, legal, respetuosa con nuestra cultura occidental, vinculada siempre al mercado laboral".
Según Vox, "los sindicatos policiales llevan años exigiendo la documentación que obra en poder de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía con la que se puede identificar a 52.000 inmigrantes ilegales", y, de hecho, "la Confederación Española de Policía (CEP) y la Unión Federal de Policía (UFP)" han reiterado que "existe un archivo con la copia de los pasaportes que los inmigrantes ilegales mencionados habrían entregado para optar a la tarjeta sanitaria".
