SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad destinará en el próximo año 2020 un total de 1.458 millones de euros procedentes de los presupuestos de la Junta de Andalucía a financiar las universidades públicas andaluzas, una consignación que representa un incremento del 4,63% respecto al actual ejercicio 2019.
Así lo ha puesto de relieve la propia Consejería en una nota en la que detalla que, de esa cuantía global, 1.324,5 millones se destinarán a la financiación básica operativa, capítulo con el que se sufragan los gastos de personal y funcionamiento de estas instituciones educativas superiores.
A estos fondos se suman casi 85 millones para planes de excelencia, coordinación y apoyo; programas de becas de excelencia para másteres; consejos sociales de las universidades y compensación de bonificaciones de matrículas por rendimiento académico, once millones para inversiones y 37 millones para actividades de investigación, según precisa la Consejería.
Al margen de esta financiación, que tiene como finalidad "reforzar el sistema público universitario", la Consejería apunta que se liberarán 40 millones de euros para "dar respuesta a una de sus principales y más urgentes demandas", que es "el pago de la deuda pendiente de abonar y acumulada en años precedentes".
El resto de las obligaciones reconocidas y pendientes de pago con estas instituciones públicas se irá "ordenando de forma progresiva en función de las necesidades de tesorería que presenten y de acuerdo con la disponibilidad de liquidez de la Administración".
La Consejería de Economía resalta que, en el ejercicio 2019, ha autorizado por primera vez a las universidades el uso de sus remanentes, "atendiendo así a una demanda histórica de las propias instituciones académicas que no había sido atendida por el anterior Gobierno" socialista "debido a las limitaciones de déficit".
Así, en el presupuesto del presente año se permite la utilización de 40 millones para complementar la dotación presupuestaria, según incide la consejería que dirige Rogelio Velasco.
RESOLUCIÓN DE AYUDAS DE INVESTIGACIÓN
Asimismo, las universidades y agentes públicos andaluces pueden contar con 65 millones de euros en ayudas de I+D+i, "a medida que la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad resuelva, entre finales de 2019 y principios de 2020, las convocatorias destinadas al fomento de la investigación que estaban paralizadas por el anterior Gobierno", según apostilla el departamento de Velasco.
La de mayor cuantía corresponde a los incentivos destinados a actividades de investigación, que suman 35 millones y actualmente se encuentran en fase de evaluación, tras superar el proceso de subsanación.
A ésta se suma otra línea de incentivos que tiene como finalidad la adquisición de infraestructuras y equipamientos de I+D para agentes públicos, con un presupuesto asignado de 20 millones.
Completan el listado los incentivos a universidades y organismos públicos para actuaciones de transferencia, que también cuentan con resolución definitiva y con una dotación de siete millones; y las ayudas para el Programa Talentia Senior --2,9 millones--, que está "en proceso de resolución".
Además, según apunta la Consejería, a estos fondos se sumarán otros 123 millones que se pondrán a disposición a través de nuevas líneas de incentivos a universidades y entidades públicas de investigación en un "corto periodo de tiempo".
Entre ellas destaca la convocatoria de ayudas por valor de casi 32 millones de euros para la contratación de 257 jóvenes doctores por parte de las universidades y también entidades públicas de investigación del sistema andaluz del conocimiento.
Este programa de incentivos tiene como finalidad la contratación, por un período máximo de tres años, de investigadores posdoctorales demandantes de empleo o poseedores de la tarjeta de mejora de empleo, que hayan obtenido su doctorado en los cinco años previos a la convocatoria.
Según añade la Consejería, en las cuentas de la Administración autonómica se recoge el "compromiso" del nuevo Ejecutivo andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) con la recuperación de derechos del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades andaluzas.
La reciente resolución de la convocatoria de los complementos autonómicos que les corresponde percibir a docentes e investigadores --que "estaba pendiente y que no se convocaban desde 2008"--, ha posibilitado que las universidades puedan ya pagar estos reconocimientos de los méritos profesionales adquiridos por 9.977 personas.
Para ello, el presupuesto para 2020 contempla el pago de los dos últimos tercios de este complemento autonómico, que supera los 20 millones de euros; así como el abono del complemento de productividad para el PAS, con lo que "se termina de dar cumplimiento a los acuerdos establecidos en la mesa de negociación de 2017", según subraya la Consejería.
REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN
La Consejería de Economía "centra sus prioridades" en materia universitaria en la "reformulación" del modelo de financiación, en la revisión del mapa de titulaciones y la reforma de la Ley Andaluza de Universidades.
Para desarrollar estos objetivos "se contará con los rectores y la comunidad universitaria", según trata de dejar claro la Consejería, que entiende que "las universidades andaluzas están dotadas con menos recursos de los que tienen sus homólogas europeas, y los modelos de financiación pública aplicados hasta la fecha no han sido capaces de subsanar áreas de ineficiencia".
Por ello, desde la Junta "se está trabajando para disponer de manera inmediata de un borrador, que recogerá la adecuada valoración de las necesidades estructurales y se articulará teniendo en cuenta el rendimiento, siempre sobre la base de la objetividad y la transparencia".
La nueva propuesta, según apunta la Consejería de Economía, "reflejará una apuesta por las actividades de investigación de excelencia, en todas las disciplinas, con el fin de reforzar los niveles de calidad ya alcanzados".
En cuanto al mapa de titulaciones, la finalidad es "trabajar con las universidades en una ordenación más racional de la oferta, que aumente los parámetros de calidad y eficiencia del sistema, y se buscará un acuerdo sobre los criterios que deben guiar la implantación de las nuevas enseñanzas", según concluye la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades.
