Franquiciados de peluquerías Low Cost, con deudas de hasta 66.000 euros, reiteran que no tenían poder de decisión

Un grupo de franquiciados de las peluquerías Low Cost agreden al dueño a la sali
Europa Press - Europa Press
Publicado 19/12/2018 14:35:57CET

SEVILLA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La juez de Instrucción número 19 de Sevilla ha continuado este miércoles con la toma de declaraciones a los investigados, la mayoría franquiciados de las peluquerías Low Cost, por un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de falsos contratos de formación que alcanza los tres millones de euros, reiterando los acusados, algunos con deudas de hasta 66.000 euros, que ellos no tenían poder decisión sobre el tipo de contratos, sino que esto venía establecido por los dueños de la franquiciadora.

La titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, Ana Escribano, ha tomado declaración este miércoles a un grupo de los 35 investigados, quienes fueron detenidos en el marco de una operación llevada a cabo meses atrás por la Policía Nacional por haberse presuntamente beneficiado de falsos contratos de formación, obteniendo de forma fraudulenta bonificaciones y beneficios de las Seguridad Social.

Los declarantes este miércoles han sido franquiciados, quienes han coincidido en insistir en que ellos no decidían el tipo de contratos que hacían con los trabajadores, sino que era la Sociedad Franquiciadora de Peluquerías Low Cost S.L., cuyo dueño, David Llera, declaró este martes y fue agredido a la salida de los juzgados por un grupo de franquiciados.

Aunque los investigados que han declarado este miércoles, según han señalado a Europa Press una de las abogadas presente, han admitido que conocían que los contratos eran de formación y estaban bonificados, "no tenían poder decisión" sobre el modelo de contrato y hacían lo que le decían.

Las deudas frente a la Seguridad Social por las irregularidades de estos contratos de los franquiciados, que tenían que abonar 25.000 euros a la empresa para abrir los locales, oscilan entre los 40.000 y los 66.000 euros, perdiendo en algunos casos hasta su vivienda para poder hacer frente a las mismas.

Igualmente, los investigados han puesto de manifiesto este miércoles la ausencia de la formación recibida por los trabajadores a través de la empresa, cuya dueña era María del María Romero, investigada y presuntamente pareja de David Llera. Las subvenciones por formación obtenidas por la sociedad de Llera eran transferidas a la empresa de ésta para que impartiera la formación a los empleados de las peluquerías.

Aún restan por declarar una decena de investigados, todos ellos franquiciados, algo que tendrá lugar después de Navidad.

EMBARGO DE BIENES

De otro lado, este martes la juez, tras tomar declaración a los principales acusados, los dueños de las empresas, acordó prohibir disponer a David Llera y María del Mar Romero de sus bienes así como de los bienes de sus sociedad, tras conocer un listado de los mismos facilitados por la Policía.

Entre éstos se encuentran, según ha adelantado este miércoles ABC de Sevilla, la vivienda de David Llera en Simón Verde (Una urbanización en el Aljarafe sevillano), una finca que tiene en Mairena del Aljarafe y los dos vehículos que están a su nombre, un Aston Martin y un Maserati. Por su parte, Romero no podrá disponer por ahora de una finca en Gines, otra en Estepona y un vehículo Ranger Rover.

Este martes, Llera, según comentó a los medios David Andana, uno de los abogados de las defensas presente en las declaraciones, reconoció en su declaración haber recibido 1,5 millones de euros de la Seguridad Social en concepto de subvenciones para formación y, aunque era un dinero destinado a los franquiciados, él lo gestionó para costear la formación de los trabajadores.

De otro lado, negó que mantuviera una relación con la investigada y dueña de la empresa de formación, a la que transfería todo el dinero de las subvenciones. Si bien, franquiciados y trabajadores han declarado ya en el marco de la investigación de que sí eran pareja.

Llera apuntó que el hecho de formalizar contratos de formación con los trabajadores de las peluquerías era una decisión de los franquiciados, aunque él ofreciera esta posibilidad.