SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Pruna, Francisco López (Juntos por Pruna), será juzgado este martes por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla por un delito de prevaricación del que está acusado tras contratar de manera directa a un asesor urbanístico pese a los informes desfavorables de la interventora municipal y el Servicio Jurídico Provincial de la Diputación de Sevilla.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press, se solicita que se le imponga al primer edil la pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
En su exposición de los hechos, el Ministerio Público señala que durante el mandato que ostentó en los años 2011 y 2012 --cuando era regidor municipal por el Partido Andalucista-- López "a sabiendas" de que actuaba frente a los reparos realizados por la interventora municipal y "con conciencia" de la ilicitud de su actuación, el 9 de abril del 2012, formalizó un contrato con un arquitecto para el asesoramiento urbanístico de la Corporación Municipal "mediante contratación directa sin proceso selectivo por ser un contrato menor" por la cantidad de 12.828 euros más 2.309,04 de IVA.
La Fiscalía indica que previa esa contratación, la interventora informó "desfavorablemente" de la contratación por "desconocerse" su importe total --si superaba o no los 18.000 euros-- por "carecer de definición clara" de su objeto y por "no existir" consignación presupuestaria. "Pese a ello, por resolución de Alcaldía se aprobó y se adjudicó el contrato", añade.
El Ministerio Público continúa su exposición y apunta que, con posterioridad a la contratación, el acusado requirió al Servicio Jurídico Provincial de la Diputación de Sevilla para remisión de informe sobre compatibilidad de actividades de arquitecto con contrato administrativo de servicios, concluyendo el Servicio Jurídico que en el caso de la contratación de este asesor "no procedía la modalidad de contrato administrativo de servicios pues las funciones para las que fue contratado son funciones reservadas a funcionarios públicos".
Con todo, el Ministerio Fiscal señala que el alcalde de Pruna, "a pesar de tener conocimiento" de las conclusiones del informe del Servicio Jurídico Provincial de la Diputación de Sevilla, no sólo "mantuvo en su puesto de trabajo" al asesor que desempañaba labores que correspondían a los arquitectos con la condición de empleados públicos, sino que "también formalizó un segundo contrato" con ese asesor el 11 de abril del 2013 que le fue adjudicado mediante resolución de Alcaldía tras seguir el procedimiento de negociado sin publicidad "sin que conste en el procedimiento la invitación de otras personas para participar en ese procedimiento".
Por otra parte, la Fiscalía apunta que en 2012 el alcalde también fue denunciado por otras contrataciones realizadas que contaron con el informe desfavorable de la interventora como contrataciones para el desempeño de las funciones de auxiliar de ayuda a domicilio realizadas por razones de urgencia y necesidad de servicio, contrataciones para puestos de peón y otros oficios para cubrir puestos de trabajo con personas con escasos y limitados ingresos económicos --según los informes de Servicios Sociales-- o la contratación de una ingeniera técnica cuyo perfil fue el único facilitado por el Servicio Andaluz de Empleo tras la petición del Ayuntamiento. Con respecto a estos casos, la Fiscalía considera que no son constitutivos de delito.
