SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -
Después de que el alcalde de Gerena, el socialista Javier Fernández Gualda, declarase el pasado miércoles como investigado en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, por la denuncia del antiguo Grupo municipal de IU a cuenta de un presunto delito de prevaricación relacionado con el supuesto fraccionamiento intencionado de contrataciones para eludir los procedimientos a los que están sujetos los contratos públicos, el jueves comparecieron ante el juez sus antecesores en el cargo, los también socialistas Margarita Gutiérrez y Jacinto Pereira.
Fuentes del caso han informado a Europa Press de que Jacinto Pereira contestó a las preguntas formuladas por todas y cada una de las partes personadas en las diligencias, entre las que figuraría el propio Ayuntamiento de Gerena como posible perjudicado, toda vez que Margarita Gutiérrez se habría limitado a responder al juez instructor y a su abogado defensor.
Jacinto Pereira y Margarita Gutiérrez Nogales, por cierto, fueron condenados en 2014 a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, junto a otros dos miembros del PSOE que entonces ostentaban acta de concejal y el secretario interventor del Ayuntamiento de Gerena de aquel momento, por un delito contra la ordenación del territorio asociado a la concesión de una licencia de obras para la reforma y ampliación de una vivienda pese a mediar un informe desfavorable del arquitecto municipal.
La denuncia inicial de IU sobre el caso de las contrataciones, recogida por Europa Press, señala un total de 24 facturas del Ayuntamiento y avisa de reparos de la Intervención municipal a estas "facturas que se presentan por distintas empresas y proveedores para su cobro", pues "lo que se está haciendo es trocear las mismas para evitar el someter esa contratación a un procedimiento licitatorio que garantice en la selección del adjudicatario los principios de igualdad, publicidad y concurrencia".
FRACCIONAMIENTO DEL SERVICIO "POR MESES"
La denuncia presta especial atención al caso de las comidas para los ancianos ordenadas por los servicios sociales municipales, porque para dicho aspecto "durante el año 2017 se ha abonado un total de 54.356 euros" a una misma empresa, fraccionando "por meses" este servicio al considerarlo como "menor". "En el año 2016 ha sucedido lo mismo y se ha vuelto a trocear las facturas mes a mes cuando el total de las mismas superan con creces la cuantía permitida a un contrato menor", indica la denuncia respecto a este servicio.
"Los distintos reparos que manifiesta la Intervención al pago de las facturas indicadas no han servido para que por parte de la Alcaldía se cese con esta practica. Muy al contrario, en el año 2018 se sigue manteniendo el mismo sistema de pago", avisa la denuncia, atisbando un posible delito de prevaricación.
En uno de los informes de Intervención recogidos por Europa Press, en efecto, se detalla que el Ayuntamiento ha promovido "una pluralidad de contratos menores sucesivos para la adquisición de bienes o servicios que se requieren repetidamente, que responden a necesidades de carácter recurrente, periódico o permanente, y ello no es conforme con la normativa en materia de contratación pública para cubrir este tipo de necesidades e, incluso contrario a aquella normativa, en cuanto se ha prescindido de tramitar un procedimiento licitatorio".
Y mientras el PSOE viene defendiendo que estas contrataciones respondían a indicaciones "técnicas", el Juzgado de Instrucción número 16, que tramita la mencionada denuncia de IU, había citado para este pasado miércoles 11 de septiembre como investigado al actual alcalde, Javier Fernández Gualda, y para el día siguiente a sus antecesores en el cargo, Margarita Gutiérrez y Jacinto Pereira, también del PSOE.
