((Esta noticia anula sy sustituye a la anterior sobre el mismo asunto))
OVIEDO, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Área de Gijón solicita tres años de prisión para una procesada por mantener relaciones sexuales consentidas con un menor de edad, en Gijón. La mujer padece un trastorno límite de la personalidad, que le merma notoriamente su imputabilidad. La vista oral se celebrará este miércoles el 26 de junio de 2019, en la Sección Octava de la Audiencia Provincial, con sede en Gijón, a las 10.30 horas.
El Ministerio Fiscal sostiene que la procesada, en el mes de enero de 2018, tras conocer al menor, de 15 años (cumplió 16 en abril de ese mismo año), mantuvo relaciones sexuales completas con él y, en algunas ocasiones, le práctico una felación. Los hechos se produjeron bien en el domicilio de los padres del menor, en Gijón, o bien en portales en los que no había gente.
Las relaciones se prolongaron a lo largo de todo el mes de enero, hasta que el menor decidió romper con ella al enterarse su madre de lo que ocurría. En los encuentros sexuales no se empleó ni fuerza ni violencia y todos fueron consentidos por el menor.
La procesada padece, según el informe del médico forense, un trastorno límite de la personalidad, con un déficit acusado de autoestima, un trastorno de la personalidad dependiente y labilidad emocional, lo cual merma notoriamente su imputabilidad, en su capacidad de querer y comprender sus actos.
La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de abuso sexual del artículo 183.1 y 3 del Código Penal, de carácter continuado. Concurre la circunstancia atenuante analógica de trastorno límite de la personalidad, como muy cualificada. Y solicita que se condene a la procesada a tres años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y costas.
En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la procesada indemnice al menor con 1.500 euros por daños morales, a través de su representante legal. Asimismo, el Ministerio Fiscal solicita que se imponga a la procesada la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros al menor, a su domicilio, lugar de trabajo y lugares frecuentados por él, así como comunicar con el mismo por cualquier otro medio, todo ello durante 6 años.
