MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Foro Asturias en el Congreso, Isidro Martínez Oblanca, ha avanzado este jueves que no va respaldar el decreto-ley aprobado por el Gobierno por el que se restringe el confinamiento por el coronavirus y sólo se permite salir a trabajar a quienes desarrollan actividades consideradas esenciales porque las medidas que contempla no tienen cabida en un estado de alarma como el vigente, sino que para activarlas habría que haber declarado un estado de excepción.
Según su lectura, el Gobierno está incumpliendo la Constitución porque está tomando decisiones que afectan a los derechos fundamentales algo que, subraya, sólo se puede hacer si previamente se ha declarado el estado de excepción.
En concreto, censura que el Ejecutivo está limitando los derechos contemplados en los artículos 17 y 19 de la Carta Magna, ya que ha impuesto condiciones a la libertad de movimientos, la libertad económica y de empresa, al derecho de reunión, al de tutela judicial efectiva, incluso al de educación y a la libertad de prensa ya que, en su opinión se está censurando la información de "medios públicos".
"Desde el ejecutivo central están orillando el adecuado marco legal. Ahora que el vicepresidente Pablo Iglesias apela tan frecuentemente a la Constitución, es un buen momento para que el Gobierno del que forma parte se aplique a su cumplimiento en lugar de incumplirla", ", remarca Oblanca en una nota de prensa, recogida por Europa Press.
EL ESTADO TENDRÁ QUE PAGAR INDEMNIZACIONES
El diputado asturiano mantiene, por tanto, que " "por la vía de hecho, se ha pasado de un estado de alarma a un estado de excepción" y que el Gobierno se está "extralimitando" en sus funciones, "cayendo en la arbitrariedad" y, además, "abusando de una posición de dominio en la televisión pública, con el único propósito de eludir sus responsabilidades y tratar de justificar la toma de sus decisiones en su gestión de la crisis".
Por último, avisa de que la "irresponsabilidad" de no canalizar por el instrumento jurídico adecuado estas "restricciones y suspensiones de derechos" puede dar lugar a "situaciones de responsabilidad patrimonial".
Es decir, según Martínez Oblanca, la administración podría acabar teniendo que indemnizar a quienes "sufran daños y perjuicios derivados por paralizar una nación, la actividad económica y sus relaciones empresariales y laborales debido a la negligencia de no escoger el medio jurídico adecuado para afrontar las distintas situaciones derivadas del COVID-19".
