MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un tribunal de Moscú ha ordenado este viernes la puesta en libertad del actor Pavel Ustinov, condenado a tres años y medio de cárcel por lesionar a un agente antidisturbios durante las recientes protestas en la capital, a la espera de que se celebre el juicio de apelación.
"Por resolución del tribunal, la medida cautelar del arresto queda conmutada por la obligación de permanecer en el lugar de residencia", ha anunciado la jueza Yulia Manerkina, después de que el jueves la Fiscalía General hubiera solicitado que se levantara el arresto a Ustinov a la espera de la decisión del próximo lunes sobre su recurso de apelación, según informa la agencia Sputnik.
Durante el juicio, Ustinov se declaró inocente de los cargos de los que se le imputaba, sosteniendo que no participó en la concentración no autorizada del 3 de agosto en el centro de Moscú y sino que se encontraba esperando a un amigo cerca de una estación de metro cuando varios agentes se le echaron encima.
Pese a que en las redes sociales circula un vídeo que confirma la versión del actor, de 24 años, el juez del caso se negó a examinarlo si bien redujo casi a la mitad la pena exigida por la acusación por haber opuesto resistencia y dislocado el hombro a un soldado de la Guardia Nacional.
Su caso ha suscitado fuertes críticas y ha recordado lo ocurrido con el periodista Iván Golunov, acusado de un delito de drogas a principios de junio y liberado a los pocos días por ausencia de pruebas en medio de creciente presión por parte de la sociedad civil.
Así, más de 145.000 personas han firmado en la plataforma Change.org una petición para la liberación inmediata de Ustinov, a la que se han sumado representantes del gremio teatral, destacados periodistas y otras personalidades públicas. También el secretario general del partido gobernante Rusia Unida, Andréi Turchak, ha calificado el caso de flagrante injusticia.
La negativa de la Comisión Electoral de Moscú de inscribir a varios candidatos independientes para las elecciones locales del pasado 8 de septiembre por no cumplir con los requisitos legales desencadenó protestas en julio y agosto, algunas de ellas no autorizadas, que se saldaron con unas 1.700 detenciones y derivaron en la apertura de varios expedientes penales.
