MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El PP ha registrado un escrito en el Congreso reclamando el libro de visitas del Complejo de la Moncloa correspondiente al 16 de febrero, la fecha en que el ministro de Industria, Joan Clos, y el director de la Oficina Económica de Presidencia, David Taguas, recibieron al consejero delegado de Enel, Fluvio Conti.
En ese listado de visitas se excluye a los cargos públicos o aquellas personas cuyo conocimiento pudiera afectar a la seguridad nacional, según consta en la petición de datos, a la que tuvo acceso Europa Press.
Paralelamente, el portavoz económico del Grupo Popular, Vicente Martínez Pujalte, ha presentado una batería de preguntas para que el gobierno explique qué acuerdos se alcanzaron en esa reunión y si esa cita tuvo que ver en que el ministro avanzara que había una alternativa a E.ON para Endesa. En ese sentido, llega a preguntar si "el ministro ha podido incurrir en un acto ilícito de carácter penal".
Estas iniciativas acompañan a la petición del PP de crear una comisión de investigación sobre la irrupción de Enel en Endesa, con la que pretende "determinar las responsabilidades políticas del Gobierno" por lo que considera una "alteración del normal funcionamiento del mercado".
En su solicitud, a la que tuvo acceso de Europa Press, los 'populares' precisan que el objeto de la comisión es "determinar las responsabilidades políticas" del Ejecutivo socialista en la actuación de la empresa Enel, en la adquisición de acciones de la empresa Endesa, por el hecho de haber ido en detrimento de los accionistas minoritarios y los efectos que puede tener en los consumidores.
El PP explica que hasta el día 27 de febrero --día en que Clos anticipó la alternativa a E.ON--, el volumen medio de contratación diaria de las acciones de la eléctrica española había sido de 12.364.667 y que, al día siguiente de las palabras del ministro, el volumen de contratación se multiplicó más de diez veces, alcanzando la cifra de 135.998.970.
Y ello con la particularidad de que, salvo las acciones adquiridas por Enel, el resto de las operaciones se negociaron a un precio inferior al ofrecido por E.ON (38,75 euros). Precisa que ese día, la cotización de Endesa oscilo entre los 37,91 euros y los 38,53 euros.
A juicio del PP, "esta alteración del normal funcionamiento del mercado merece ser investigada porque son muchos los preceptos legales que se han podido violar por parte del Gobierno". En otros elementos, recuerda que la ley del Mercado de Valores establece "en general", quienes ejerzan actividades relacionadas con el mercado de valores, deberán respetar las normas de conducta contenidas en dicha ley.
INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
En la misma línea, los 'populares' aseguran que esta ley "obliga a toda persona que disponga de información privilegiada a no comunicarla a terceros, salvo en el ejercicio de su trabajo, profesión o cargo".
Además, recuerda la directiva de la UE sobre operaciones con información privilegiada obliga a los emisores a elaborar listas de personas que estén en poder de información privilegiada y de adoptar medidas para su salvaguarda.
TENDRÍAN QUE COMPARECER ENEL, E.ON Y ENDESA
De crearse una comisión de investigación sobre este tema, podría darse el caso de que tuvieran que comparecer ante el Congreso cargos directivos de las empresas implicados (Enel, E.ON y Endesa, entre otras), así como de la administración (Ministerio de Industria y SEPI. De hecho, la legislación obliga a acudir ante una comisión de investigación, si bien el compareciente tiene derecho a no declarar.
Esta comisión, que tendría seis meses para elaborar su dictamen, estaría formada por tres diputados, en representación de los grupos parlamentarios que superen en su composición el número de cien diputados, y de dos representantes por cada uno de los restantes grupos. En el caso de existir votaciones, el voto sería ponderado.
